Por. Fernando Coca
Todo un escándalo provocó el reportaje de ProPublica e Insight Crime, que se revela una investigación de la DEA en la que un testigo protegido de la agencia antidrogas de los Estados Unidos declaró que hubo dinero del narco en la campaña de 2006 de Andrés Manuel López Obrador.
Puedo hablar en primera persona de quienes llegaron con propuestas de financiamiento para la carrera política de López Obrador y, aunque en este texto me guardaré los nombres, puedo afirmar que la “oferta” que me tocó vivir no era “despreciable” para el momento político que se vivía.
A invitación del entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, en 2002 me integré a la Coordinación de Comunicación Social en el área de logística. La titular era Ana Lilia Cepeda y el director de Información César Yáñez quien ocupó la coordinación general cuando Ana Lilia dejó el cargo.
Mi tarea era acompañar todos los días a Andrés Manuel a las conferencias matutinas y comentarle -antes del encuentro con los reporteros de la fuente- cuáles eran los temas de la ciudad que predominaban en los medios de comunicación.
Habían pasado algunos meses de mi estancia en el gobierno de la Ciudad cuando recibí la llamada de un excompañero en la dirección General de Protección Civil del Estado de México. Desde mi salida de la coordinación de Comunicación Social de esa dependencia, 1999, no había tenido contacto con él, pero no me sorprendió la llamada, siempre llevamos un trato amigable y cordial.
Me invitó a sus oficinas ubicadas en la Roma y, directo como siempre lo fue, me comentó que trabajaba para un despacho de abogados que llevaba un caso de alto impacto para el jefe de Gobierno.
El caso que traían era una demanda por inejecución en el que reclamaban la indemnización de 1 mil 750 millones de pesos por el Paraje San Juan de Iztapalapa. ¿Qué pedían? Una reunión con el jefe de Gobierno para convencerlo de pagar esa cantidad. ¿Qué ofrecían? Pagar la campaña del 2006. ¿Qué sucedió? El jefe de Gobierno nunca los atendió y me dio una instrucción clara y precisa “¡mándalos al carajo y nos los vuelvas a ver!”, lo cual se cumplió a pie juntillas.
Era 2002, el choque entre el gobierno de Fox y el de López Obrador crecía cada mañana. Desde que el jefe de Gobierno cuestionó el gasto en publicidad del gobierno federal, el ataque de Vicente y los suyos no paró en contra de Andrés.
No fue el único caso que me tocó atestiguar. Los intereses de algunas empresas que le vendía uniformes y ropa de trabajo al gobierno capitalino se vieron afectados cuando, en lugar de dar esos insumos al sindicato, a los trabajadores se les dieron vales para que ellos mismos compraran sus uniformes. Las empresas, apoyadas por legisladores locales del PAN también ofrecieron dinero por reuniones con el jefe de Gobierno y apoyo para la campaña de 2006. Eran los tiempos en los que López Obrador declaraba que lo dieran por muerto para la contienda presidencial.
Me consta que, a quienes se acercaban con esas propuestas se les recibía con una pared infranqueable y de ahí no pasaron. Lo digo porque me tocó ser esa pared con la que se toparon legisladores, abogados y empresarios.
Al final, de los 1 mil 750 millones de pesos que pedían los del Paraje San Juan sólo recibieron 60 millones en 2006 y la Corte cerró el caso (fue la primera intentona para desaforar a AMLO); al final del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México se siguieron dando los vales a los trabajadores y no al sindicato y otros tantos casos que vi pasar tuvieron la misma respuesta: ¡Que se vayan al carajo!
La Letrina. Hasta Obama desechó la investigación de la DEA por el supuesto financiamiento a AMLO, pues no había pruebas.
