Por. Rodrigo Llanes
La semana pasada terminó el Foro Abierto para la Reforma Energética que propuso el presidente de la República al Congreso. Si mi abuelo Juventino Castro viviera (1918-2012) seguramente habría acudido entusiasta a dar su punto de vista. Quienes lo conocieron saben de su genuina pasión por los temas nacionales y de su soberanía.
Resulta que el proceso de privatización del sector energético en nuestro país fue largo y complejo, hasta que se aprobó finalmente la reforma que presentó Peña Nieto en el sexenio pasado con los votos de las bancadas del PRI y el PAN, y la extraña ausencia del PRD en tan crucial momento.
Pero desde el sexenio de Felipe Calderón hubo los primeros intentos por modificar nuestra Constitución para abrir el paso a la inversión privada de grandes consorcios en la industria energética. Ante esa embestida se constituyó un Frente Amplio de los partidos de izquierda para fijar una postura de firme oposición a los cambios constitucionales que finalmente se consumarían años más tarde (según sabemos a punta de cañonazos billetudos), y que la actual iniciativa del presidente López Obrador trata de enmendar, o en sus propias palabras “enderezar entuertos.”
Ese Frente Amplio convocó al Simposio Petróleo y seguridad energética, en el cuál participaron muchas personas como Bernardo Bátiz, Lorenzo Meyer, Arnaldo Córdova, Porfirio Muñoz Ledo, Claudia Sheimbaum y Rosalbina Garavito y entre muchos otros mi abuelo Juventino Castro. Tengo el texto de su ponencia que es clara, concisa y totalmente actual. Y quiero compartir con ustedes su planteamiento y las palabras finales con las que se refiere a los legisladores en el momento histórico de ese entonces, pero que bien podría ser el actual.
“El reto que atravesamos desde 1938, año en que se decreta la expropiación petrolera que motiva el ajuste de nuestra Constitución para fijar un nuevo status nacional.
“Desde esa época en México si hablamos del petróleo [y de la energía] forzosamente partimos y aterrizamos en la misma obsesión existencial: la defensa de la soberanía nacional. Todo esto bajo la mira de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Parecería que en este tema los principios constitucionales resultan contradictorios puesto que, por una parte la Constitución garantiza la libre concurrencia de las actividades económicas, y por la otra autoriza un monopolio de Estado.
[Estas dos condiciones se explican en los artículos 5º y 28º de la Constitución previos a la reforma de Peña Nieto. ]
“Resulta claro que la única forma de distinguir cuándo son legítimos los manejos de las áreas estratégicas encomendadas en forma exclusiva al Estado, lo es analizando si se comprueba que en su desarrollo efectivamente se fortalece la soberanía de la Nación.
[Este sería el alcance constitucional de la actual propuesta de reforma.]
“Señores legisladores: tienen en su mano resolver con trascendencia no tanto un puñado de iniciativas sobre reforma energética que el ejecutivo Federal las propone se conviertan en leyes regulatorias de tales actividades fundamentales.
“Es algo más profunda su misión: partiendo de la soberanía nacional que pertenece al pueblo, y que parcialmente éste encarga al Poder Legislativo, deben ustedes resolver si los proyectos que ya están estudiando en esa calidad confirman –o no- el sistema soberano de exclusividad en el manejo de las áreas estratégicas que con especificidad se otorga al Estado. O bien si resulta inconstitucional el manejo complementario del sector social y privado.
“Su resolución final sobre el manejo de las áreas estratégicas y las prioritarias será histórica, y prevalecerá en el futuro el criterio para iniciativas similares.”
Pronto veremos el desenlace.
