Por. Gerardo Galarza
No hay ninguna duda de que la figura jurídico-política de la revocación de mandato es un instrumento absolutamente democrático.
La revocación del mandato es un recurso por el que los ciudadanos de un país -cansados y hartos de ineficiencia e ineficacia (digámoslo en términos amables) de quien los gobierna- buscan que la mayoría ciudadana le retire la confianza y lo destituya mediante el voto popular, tal como lo eligió.
Así lo establece y lo ordena la Constitución mexicana: un derecho de los ciudadanos, de nadie más. Ni de los gobernantes ni de los partidos políticos.
El nuestro es un país, digamos, sui generis. Hace algunos años durante el régimen político priista, que hoy está en plena restauración, se decía con sorna que México era un país surrealista o kafkiano o, bien, que de no existir lo hubiera inventado Walt Disney. No era falsa la ironía, aunque sonara y suena simplista.
Hoy, México es el único país en el que la figura democrática de la revocación de mandato no es promovida por ciudadanos inconformes, insatisfechos, indignados (que los hay y son muchos) por el mal gobierno que padecen, sino que lo es por el propio gobierno, su partido oficial y especialmente por el propio presidente de la República, que debería dejar su cargo público en caso de que así lo decidieran los ciudadanos.
Es otras palabras, el de México es el único gobierno y el único presidente que promueven un procedimiento de su destitución. En otras naciones democráticas, el presidente y su partido estarían seriamente preocupados por el hecho de que los ciudadanos promovieran la revocación de mandato. Acá no. Mediáticamente, el presidente, el gobierno y su partido han hecho creer que la revocación es lo contrario: una ratificación, que va contra la ley, y así lo han promovido, lo que muchos analistas interpretan como el deseo de presidente de la República de mantenerse en el cargo más allá de los seis años que la Constitución dispone. Y en las próximas semanas y meses será la cantaleta mediática gubernamental. Un absurdo surrealista, kafkiano o de cuento de Disney, como usted quiera.
Es probable que el presidente de la República delire con mantenerse en el poder más allá del 2024. Sin embargo, lo que en realidad está atrás de promover la revocación del mandato desde el gobierno, es la intención de avasallar la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), garante de elecciones democráticas desde 1997, para poner la estructura electoral nuevamente en manos del propio gobierno como ocurría durante el priato. Y tienen expertos necesarios como Manuel Bartlett Díaz, entre muchos otros, para manipular y controlar los resultados electorales.
La revocación de mandato no le interesa al gobierno federal y a su partido. A ellos les interesa la revocación de la autonomía del INE, institución a la que atacarán todos los días, como ya lo hizo la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión al negarle el presupuesto suficiente para organizar y efectuar precisamente ese proceso de la revocación.
El simple anuncio de que la presidencia de la República elabora un “plan de austeridad” para que el INE cumpla presuntamente con sus funciones y organice la revocación de mandato a gusto del titular del Poder Ejecutivo federal es ya un atentado contra la autonomía constitucional de la institución y, consecuentemente, el mayor ataque al sistema democrático mexicano en los 25 años recientes. Y también la artera manipulación y anulación de un instrumento que en los sistemas democráticos no se utiliza para ratificar a nadie. Además, acá en México se está usando para socavar a la institución que ha garantizando al menos la emisión y el conteo real de los votos de los ciudadanos.
