Por. Oscar H. Morales Martínez
En la comparecencia de aspirantes a integrar la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ante la Comisión de Energía, celebrada el 13 de febrero de 2019, la senadora Xóchitl Gálvez le preguntó al candidato Jorge Amaya (uno de los tres propuestos por Andrés Manuel López Obrador): ¿Qué es un CEL? –refiriéndose a un Certificado de Energía Limpia–, y él solo atinó en responder: “¿Qué es un CEL? Esto es un cel”. Levantó su celular y burlonamente se rio.
Más allá de exhibir su incompetencia e ignorancia, ese acto representó claramente el menosprecio y desdén de AMLO hacia la CRE. No es novedad que la intención del mandatario ha sido debilitar y acabar con cualquier estructura autónoma que le haga sombra.
Rescato ese evento, porque precisamente el pasado primero de octubre AMLO presentó una propuesta de iniciativa de reforma constitucional en materia de electricidad, que fortalece a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a cargo de Manuel Bartlett como único ente regulador, poniendo en estado de coma a la CRE y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).
En dicha propuesta, además de regresar al modelo monopólico de control del Estado en el sector eléctrico, se cancelan los Certificados de Energía Limpia (CEL), por lo que no está por demás saber la respuesta correcta a la pregunta de la senadora Xóchitl Gálvez.
De acuerdo con el artículo 3, fracción VIII, de la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), los Certificados de Energías Limpias (CEL) son títulos emitidos por la CRE que acreditan la producción de un monto determinado de energía eléctrica a partir de Energías Limpias y que sirve para cumplir los requisitos asociados al consumo de los Centros de Carga.
El valor de los CEL no es fijo, sino que depende de la oferta y la demanda. Los Participantes del Mercado pueden presentar ofertas para vender CEL a cualquier precio, así como presentar ofertas para comprar CEL también a cualquier precio.
Aquellas tecnologías que se consideren limpias según lo definido en el artículo 3, fracción XXII de la LIE, tienen derecho a recibir CEL por su energía generada.
Entre otras, se definen como tecnologías limpias: el viento; la radiación solar, en todas sus formas; la energía oceánica en sus distintas formas; la energía proveniente de centrales hidroeléctricas; la energía nucleoeléctrica; la energía generada por centrales de cogeneración eficiente en términos de los criterios de eficiencia emitidos por la CRE y de emisiones establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; tecnologías consideradas de bajas emisiones de carbono conforme a estándares internacionales.
Por tanto, cancelar los CEL significa dos cosas: control estatal de precios y desincentivar el uso de tecnología limpia para generar energía.
Hace 6 años, el 25 de septiembre de 2015, más de 150 líderes mundiales asistieron a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Nueva York con el fin de aprobar la Agenda para el Desarrollo Sostenible. El documento final, titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, fue adoptado por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, incluido desde luego México.
Dicho documento incluye los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que se comprende hacer frente al cambio climático.
Para conmemorar los seis años de la adopción de dicha Agenda, el pasado 27 de septiembre “Pacto Mundial” y la “Comisión Especial para el Seguimiento a la Implementación de la Agenda 2030 en México” del Senado de la República, firmaron el Convenio de compromiso y colaboración para la consecución de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
A través de dicho convenio, “Pacto Mundial” se compromete a apoyar a la comisión en la divulgación de la Agenda 2030 y en la capacitación de los senadores en los contenidos de la misma, compartir un análisis en la legislación y metas de los ODS para impulsar medidas para escalar el impacto y acelerar el paso.
Los desafíos legislativos para avanzar en la Agenda 2030 incluyen crear normas y leyes en temas como la acción para el clima y la agenda energética.
A pesar de la firma de dicho Convenio, tan solo 6 días después se presentó la mencionada iniciativa de reforma eléctrica, que atenta contra los acuerdos firmados con la ONU al alejarse de la agenda energética mundial contra el cambio climático, y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pactados.
Pareciera que México firma sus acuerdos internacionales en una servilleta, sin importar que estos actos de autoridad atenten contra el Estado de Derecho y la Cooperación Internacional, de los que dependen nuestra permanencia como especie.
El cambio climático no va a esperar y México está siendo el cabús del tren que va en reversa.
Desde luego, es importante considerar que dicha iniciativa de ley requiere ser aprobada por 333 Diputados del Congreso, 85 Senadores y de la mayoría de los Congresos de los Estados de la República Mexicana, así que no se ve fácil el camino para MORENA considerando que no tiene mayoría parlamentaria.
Pero, de aprobarse, no solo estaríamos adoptando una legislación en materia eléctrica que va contra el libre mercado y las energías limpias, sino que sería la primera gran prueba superada de reforma constitucional que abre las puertas para otras más, igual de aborrecibles, manufacturadas al capricho del gobernante.
Regresando a la triste anécdota de Jorge Amaya, la senadora Xóchitl, desesperada, finalizó diciendo que “la incapacidad también es corrupción. Aparte de ser honesto, tendría que ser indispensable para cualquier cargo público, ser capaz.”
Parece que nadie la escuchó.
