Por. Ivonne Melgar
A la mitad del sexenio, el Congreso mexicano se debate entre las pulsiones de una mayoría que durante los primeros tres años impuso la agenda presidencial y los balbuceos de una clase política gobernante que comienza a tocar base con la realidad.
Así sucedió con el anuncio del coordinador de los diputados morenistas, Ignacio Mier Velazco, el 24 de agosto, de que habrían de conformar una megabancada con PVEM y PT para tener el control de los dos órganos de gobierno de San Lázaro.
Cinco días después, la noticia bomba se desinfló con la inevitable aplicación del marco legal y de los correspondientes acuerdos: la designación del diputado de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, como presidente de la Mesa Directiva y la del jefe de la bancada del PRI, Rubén Moreira, al frente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO).
El cambio más importante, al menos de forma, ocurrió el 1 de septiembre, cuando el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, entregó el Tercer Informe de Gobierno en la tribuna legislativa, después de 13 años en que ese acto se hizo fuera del salón, una vez que se canceló la asistencia presidencial, siendo la última aquella atropellada de 2007 de Felipe Calderón.
Pero la presencia del titular de la SEGOB, saludando con calma a representantes de todas las fuerzas políticas, durante su ingreso al recinto legislativo, también representó un giro en las formas del actual gobierno que, hasta ahora, no había tenido ningún gesto de acercamiento con el Congreso, limitándose a convivir con los morenistas y sus aliados.
Las selfis, la cortesía parlamentaria y el acuerdo de Morena con la oposición para dar paso a este breve y nuevo protocolo de entrega del Informe, no inhibió que el inicio de la 65 legislatura fuera un desmentido a las versiones de que los diputados del PRI y Movimiento Ciudadano (MC) entregarán sus votos para concretar uno de los sueños de Palacio Nacional: enterrar los representantes plurinominales, el financiamiento público a los partidos, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Que les quede claro: el Legislativo es un poder, no un empleado del poder. ¡No recibimos órdenes de nadie! ¡No nos subordinamos a nadie! ¡No obedecemos a ningún presidente de la República, ni presente, ni pasado en este país!”, advirtió Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI y diputado federal, al confirmar, al menos de palabra, el compromiso con la agenda de la coalición Va por México con PAN y PRD.
Dirigiéndose al presidente de la República, el coordinador de los diputados de MC y secretario general de ese partido, Jorge Álvarez Maynez, prometió: “Los votos de la bancada naranja no le permitirán controlar ni desaparecer más instituciones ciudadanas”.
Si estas declaraciones se cumplen, la coalición opositora tendrá en MC a un aliado en la defensa del INE y ante cualquier intento de invasión de poderes, como lo fue el de ampliar el mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar.
Por lo tanto, el presidente López Obrador no podrá escapar a la obligada negociación de su propia reforma electoral, como pasó en los sexenios anteriores. De lo contrario, la suya se quedará en la retórica de las conferencias mañaneras.
Como en la retórica se quedaron las definiciones que sobre la revocación de mandato compartieron, el sábado 28 de agosto, el dirigente de Morena, Mario Delgado, y la ministra Olga Sánchez Cordero y ahora presidenta del Senado, con la bancada que liderea Ricardo Monreal.
Tanto el líder morenista como la exsecretaria de Gobernación defendieron la pregunta que buscaba convertir la revocación en una ratificación de mandato, así como la posibilidad de que el presidente López Obrador hiciera promoción a su favor de ese ejercicio.
Y aunque Morena podía con PES, PT y PVEM sacar adelante una ley ad hoc –porque siendo una regulación secundaria no necesita a los votos opositores para una mayoría calificada–, el senador Monreal optó por negociar con PAN, PRI, PRD y MC, a fin evitar una nueva controversia constitucional que pondría en riesgo la realización de la consulta en marzo de 2024.
