Por. Mariana Aragón Mijangos
El pasado 3 de mayo inició la mayor crisis social y política que haya vivido Colombia en el siglo XXI, fruto de decisiones económicas de élite en un país en el que las desigualdades, lejos de reducirse se han agravado. La reforma tributaria fallida de 2019 redujo significativamente las obligaciones fiscales a grandes empresarios, banqueros y petroleras, pero esos recursos les faltaron a las y los colombianas el año pasado para hacerle frente al COVID 19, con lo que invariablemente vino el sobreendeudamiento. De ahí la urgencia de Duque por aprobar una nueva reforma tributaria, que esta vez golpeaba a las clases media y baja con impuestos a la comida y al ingreso salarial. De ahí también la resistencia del pueblo colombiano.
El escenario de déficit tributario en Colombia no está alejado del que presenta la economía mexicana y otros países latinoamericanos a los que el Fondo Monetario Internacional (FMI), está llamando a hacer un giro fiscal para su recuperación económica. De hecho en marzo de este año, la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, informó que en 2020 el PIB y la inversión de la región se redujeron un 7,7% y un 20% respectivamente, y a consecuencia de ello el endeudamiento también se incrementó, lo que nos convierte en la región con la mayor contracción económica y la más endeudada del mundo en desarrollo.
En México la deuda externa representa casi una quinta parte del PIB, de acuerdo con los analistas es la proporción más alta desde 1996, y ciertamente tenemos uno de los niveles de recaudación fiscal más bajos del mundo. Adicionalmente, hay que recordar que el FMI ha calificado como “modesta” la respuesta fiscal de México ante el COVID, con los niveles más bajos de medidas fiscales de apoyo al sistema de salud, a trabajadores formales y a pequeños y medianos empresarios.
En México y en Colombia, la crisis del COVID 19 develó las debilidades estructurales, que ya sabíamos: sistemas de salud insuficientes y economías endebles; empujándoles a sobre endeudarse para salir avante. Ahora bien, las sugerencias multilaterales hacia la recuperación económica de los países en vías de desarrollo, desde organismos como el FMI, el Banco Mundial y la OIT (que dicho sea de paso a mí parecer son un llamado a reestablecer el modelo del Estado Benefactor que el neoliberalismo tanto menospreció, a través del concepto de protección social) presentan una gran encrucijada que le quita el sueño a las y los encargados de las políticas monetarias en México y en otros países latinoamericanos, ¿Cómo realizar las reformas fiscales que incrementen la capacidad tributaria para cumplir con las responsabilidades de deuda, y a la vez, que permitan aumentar el gasto para fortalecer los pisos de protección social prioritarios para salir de la crisis como el sistema de salud, apoyos emergentes para la población desempleada, medidas que atiendan las necesidades de cuidados, programas para combatir (y prevenir) la pobreza, etc.? O más bien, ¿cómo hacerlo sin generar una crisis política y social como la vivida en Colombia ó un choque de trenes entre la clase política y la económica, como podría vislumbrarse en México?
Una vez pasados los comicios electorales, el Gobierno de México tiene poco tiempo para buscar la aprobación de la propuesta de Reforma Fiscal del Presidente López Obrador, que inicialmente, a diferencia de Colombia o tal vez a raíz de lo aprendido a través de su Paro Nacional, plantea no afectar a las clases trabajadoras y en cambio, que los impuestos sean proporcionales a la acumulación de capital o lo que es lo mismo: que pague más quien más tiene.
En principio suena coherente, veamos si lo puede hacer. Para nadie es secreto que, aprovechando vacíos, atajos o argucias legales, las grandes empresas han logrado reducir su carga fiscal considerablemente, como tampoco ha sido discreto el enriquecimiento de aquellos fiscalistas que aprendiendo “el caminito”, cual si de receta alquímica se tratará, en pocos años han logrado amasar fortunas escandalosas.
Así que innegablemente la reforma fiscal es necesaria, aunque difícil de socializar. Por lo pronto, sabemos que busca: 1) Simplificar el pago de impuestos para a micro, pequeños y medianos contribuyentes, y 2) Reducir la evasión fiscal; con lo que se proyecta aumentar la recaudación en un .8% del PIB. Sin embargo, ayer escribía Viri Ríos para El País, luego de un extenso análisis, que aun cuando AMLO logre su aprobación, su propuesta se quedaría por debajo del 53% del mundo. Es importante mantenerse pendientes de la discusión que se dará en las siguientes semanas esperando que llegue a buen puerto, pues como dije, estamos ante una gran encrucijada.
