Por Ivonne Melgar
La oposición en la Cámara de Diputados pidió el viernes al gobierno federal diseñar una estrategia institucional de vacunación ajena al uso electoral y que garantice la eficacia y la transparencia.
Mientras la bancada del PRI consideró que las “lamentables irregularidades” observadas en la aplicación de las primeras dosis obligan a un nuevo plan eficaz y universal, la diputación del PRD se pronunció porque éste sea coordinado por el Consejo Nacional de Vacunación (CONAVA).
En tanto, el diputado del PAN Éctor Jaime Ramírez Barba informó que el Comité de Transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores clasificó como información confidencial el contenido del contrato con farmacéutica Pfizer, “por lo que nadie podrá conocer los detalles de cuántas dosis se adquirieron en realidad, las fechas de entrega o los montos erogados para traer las vacunas a México”.
El legislador panista detalló que el argumento que dio la Cancillería es que “el convenio celebrado entre el Gobierno Mexicano y la farmacéutica establece que las partes se encuentran obligadas a mantener en discreción toda la información que se genere al respecto”.
El diputado Ramírez Barba dijo que esa respuesta constituye “un exceso, porque es dinero público el que se está usando y la solicitada es información vital para la población”.
Para el legislador y médico, los convenios deben tener una versión pública en la que se transparenten los datos generales, reservando aquello que la ley permite. “Sin embargo, la federación quiere ocultarlo todo”, señaló.
Por su parte, el pronunciamiento de la diputación del PRI plantea que las vacunas no son gratuitas ni son regaladas por el Gobierno de México. “Fueron pagadas por adelantado con recursos de los contribuyentes de todo el país. A las instituciones les corresponde en esta primera etapa facilitarlas al sector salud y grupos vulnerables sin distinción económica, social, política o geográfica”.
Los legisladores priistas cuestionaron que hasta ahora no se ha dado a conocer la metodología, los tiempos y recursos económicos que se requerirán para que médicos y enfermeras reciban la segunda dosis, así como los instrumentos de control que evitarán que se haga uso político de las mismas durante el proceso electoral 2020-2021.
En el mismo sentido, el cuestionamiento de la bancada del PRD es hacia un presunto provecho electoral de la aplicación de las vacunas contra el Covid-19.
Consecuentemente, los perredistas demandaron que la estrategia correspondiente sea coordinada por el CONAVA.
En su posicionamiento, los diputados el PRD sostienen que, de acuerdo con el Reglamento Interno del Consejo, éste tiene por objeto fungir como una instancia permanente de coordinación de los sectores público, social y privado para promover y apoyar las acciones de prevención, control, eliminación y erradicación, entre toda la población residente en la República Mexicana, de las enfermedades que pueden evitarse mediante la administración de vacunas.
El CONAVA está integrado por el Secretario de Salud, quien lo presidirá; el Subsecretario de Prevención y Protección de la Salud de la Secretaría, quien fungirá como Coordinador General; entre otros funcionarios y titulares de las instituciones del sector.
El Reglamento establece que, a invitación de su presidente, se integrarán al CONAVA, con el carácter de vocales, un mínimo de tres secretarios de salud de las entidades federativas; así como diversos representantes de academias y asociaciones de especialistas.
“Es absolutamente arbitrario que el Ejecutivo Federal maneje a su antojo la campaña de vacunación, decida dónde, cuándo y a qué grupos de la población se vacunarán y quienes la aplicarán, sin una planeación adecuada y sin convocar al Consejo Nacional de Vacunación, ni involucrar a los gobiernos estatales”, argumentó la diputación perredista.
