Danna Reyes fue golpeada, acuchillada y quemada en Mexicali. Y el fiscal de Baja California, Guillermo Ruiz Hernández, dio el móvil del crimen: vinculó el homicidio con el hecho de que la adolescente tuviera muchos tatuajes.
“Tristemente en Mexicali, la semana pasada asesinaron a una niña de 16 años, pero la niña también traía tatuajes por todos lados (…)”, declaró el fiscal. Posterior a ello disertó sobre los tatuajes con connotación de violencia y la permisividad de los padres a ellos, y sobre las sanciones para quienes tatúan a menores de edad.
Y si bien se puede uno perder en el debate circular de la autonomía del cuerpo, el Estado, y externalidades tales como el hecho de que la mayoría de los tatuadores operan en la ilegalidad, lo que no tiene excusa es encontrar atenuantes a un feminicidio.
Si, feminicidio, a pesar de que las autoridades de Baja California, a la hora de escribir estas líneas, no lo hayan tipificado como tal.
El Código Penal de Baja California establece como causales de feminicidio que las víctimas hayan tenido “lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones previas o posteriores a la privación de la vida” y que el cuerpo fuera “expuesto o arrojado en un lugar público”. (Animal Político 28-08-2020). Danna tenía 45% de su cuerpo calcinado, además presentaba traumatismo craneoencefálico y múltiples heridas por arma blanca en diversas partes del cuello y tórax. Pero para el fiscal no es feminicidio y lo relevante son los tatuajes.
Uno de los principales problemas en las denuncias por violencia de género es demostrar que la víctima no es culpable de la agresión sufrida. Desde golpes, asaltos, violaciones y la propia muerte violenta de una mujer, siempre se encuentran frases que resultan justificaciones a la violencia perpetrada. Para las autoridades, las mujeres no son víctimas de desaparición forzada sino que “se van con el novio”, e incluso en el caso de los feminicidios de niñas como el caso de Fátima, a principios de años, la responsabilidad para la opinión pública se centró en su madre.
Y si bien el fiscal hizo un intento por recular y explicar su declaración, no deja de alarmar que en las autoridades encargadas de garantizar nuestra seguridad prevalezcan esos prejuicios.
Resulta inquietante que en Mexicali, precisamente en el mes de agosto, la sociedad se ha movilizado a reclamar justicia por dos casos más de feminicidio. El de una joven llamada Genebit, a manos de su exnovio, y el de otra mujer a manos de su exesposo.
“De acuerdo con información del Secretariado de Ejecutivo, hay 119 homicidios de mujeres en Baja California, de los cuales se derivan 19 feminicidios, 2 de ellos en Mexicali. Está información es al cierre de junio. Es decir, la información no está actualizada y la Fiscalía General del Estado no habla del tema, no otorga información actualizada” (Cadena Noticias 02-08-2020).
Y mientras el gobernador Jaime Bonilla apoya encuestas para la renovación de la dirigencia del partido que lo postuló, en el estado, las mujeres bajo su cobertura política buscan justicia. ¿Esa también necesitará de una encuesta?
