Como lo hemos registrado en nuestras entregas anteriores, ya en los tiempos del Covid-19, este tramo de confinamiento y comunicaciones virtuales se está convirtiendo en el espacio obligado para debatir los pendientes de la agenda feminista.
Y esta semana se registró a nivel legislativo otro avance que permite retomar la condena a la violencia criminal de género que hicimos en marzo.
Sucedió en el foro a distancia que legisladoras sostuvieron con fiscales, penalistas y activistas de derechos humanos, a ocho años de que su castigo se incorporó al sistema de justicia del país, hubo consenso a favor de la permanencia del tipo penal, homologar su aplicación a nivel estatal y fortalecer las capacidades de los ministeriores públicos para integrar las carpetas de investigación.
Convocado por la presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Pilar Ortega (PAN), en el debate virtual, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, afirmó que ahora la tarea central será lograr que en todas las entidades pueda aplicarse el mismo tipo, ya que no se trata de un delito federal.
“Donde tenemos el problema es en tratar de homologar un tipo penal de orden común que pueda ser aplicado y recibido por las legislaturas locales, para que hagamos un esfuerzo de homologación a nivel de todo el país”, comentó el fiscal general de la República.
Gertz Manero habló de fortalecer las capacidades de quienes combaten el feminicidio y los responsables de su prevención. “Si establecemos con toda precisión estos aspectos, todo en beneficio de las víctimas, creo que vamos a sacar un resultado que va a ser muy satisfactorio”.
A dos meses de que el funcionario estableció el compromiso de trabajar con el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva –que encabeza la presidenta de San Lázaro, Laura Rojas Hernández–, cuyas integrantes participaron en este evento, el fiscal de la República confió en que se definirán los instrumentos necesarios “para defender a las mujeres frente a este delito tan grave”.
La fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, se pronunció por terminar con “la normalización de la violencia” de género, por una mejor preparación de quienes laboran en los órganos de procuración de justicia en el castigo del feminicidio y por homologar los tipos penales.
Al hacer un balance de las experiencias compartidas en el foro, la diputada Guadalupe Almaguer Pardo (PRD) comentó que los casos de la CDMX, Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí y estado de México confirmaron la importancia de fortalecer el tipo penal de feminicidio ya existente.
La legisladora dijo que resulta relevante la propuesta de Dilcya Samantha, Fiscal del Estado de México, de que es necesario contrarrestar los elementos subjetivos del tipo penal del feminicidio, con datos de prueba científicos diseñados por grupos multidisciplinarios.
La Fiscal de Chihuahua, Wendy Chávez, sostuvo que resulta imprescindible que existan recursos públicos, capacitación y especialización del personal que atiende los delitos contra las mujeres, porque deben sustentarse las pruebas para acreditar los feminicidios.
El foro contó con voces tan destacadas y relevantes como la de Patricia Olamendi, pionera en la construcción de instrumentos jurídicos para la investigación y el castigo penal al feminicidio, mismos que ahora auxilian de menear documentada el debate a favor de homologar los códigos de la República con sustento y conocimiento.
Porque ese es el reto pendiente: que las declaraciones, condenas y penalizaciones de papel pasen a convertirse en ocupación del Estado, en una respuesta concreta al reclamo que hace seis semanas sonó estruendoso en los zócalos de la nación: “¡Ni una mas!”.
