El próximo 16 de noviembre se cumple una década de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera la emblemática sentencia identificada como del campo algodonero.
En esa determinación internacional se tuvo al Estado mexicano como responsable por su falta de diligencia en las investigaciones relacionadas con las desapariciones forzadas y los homicidios de tres mujeres jóvenes, dos de ellas menores de edad.
En la resolución se consideró que el Estado, vulneró en perjuicio de las víctimas la obligación de respetar sus derechos humanos, como el de la vida, a la honra y a la dignidad; los derechos de las niñas, garantías judiciales y procesales; y la protección juridicial a la integridad de la persona. Inobservando las Convenciones Americana sobre los Derechos Humanos, la Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad, Interamericana para prevenir y sancionar la Tortura, Sobre Desaparición Forzada de Personas, el Protocolo adicional a la Convención Americana conocido como Protocolo de San Salvador.
También la Convención sobre los derechos del Niño, la de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la respectiva sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes.
Referir todos los instrumentos y protocolos no solo es para llenar líneas, sino para dimensionar cómo en una sentencia tan vergonzosa para nuestro país, la Corte Internacional identifica la cantidad de instrumentos que el Estado en un solo asunto dejó de observar en beneficio de las víctimas y sus deudos.
Este asunto fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo de 2002 y en febrero de 2005 se otorgó el informe de admisibilidad, finalmente el informe de fondo fue emitido en marzo de 2007.
Sin embargo los actos y hechos que, como consecuencia dieron origen al caso del campo algodonero en Ciudad Juárez y del cual incorrectamente se refiere como “las muertas de Juárez”, cuando en realidad fueron atrozmente asesinadas, datan desde 1993, año en que aumentaron considerablemente los delitos de homicidio en contra de mujeres, con elementos distintivos de extrema violencia física y sexual; además de evidente tortura y múltiples vejaciones en la humanidad de las agredidas.
Los casos de las tres mujeres del campo algodonero sucedieron entre el 22 de septiembre y el 29 de octubre de 2001. En noviembre 6, del mismo año, sus cuerpos fueron encontrados, con signos de violencia sexual.
Después de que la Comisión Interamericana concluyó su informe, en noviembre de 2007 el caso fue remitido a la Corte Interamericana.
En Noviembre de 2009, se resolvió que el Estado mexicano ha sido responsable. Se concluye que las tres mujeres jóvenes fueron víctimas de violencia, que los homicidios se cometieron por razones de género y reconoció que se cometieron en un contexto de suma violencia en Ciudad Juárez.
El análisis de responsabilidad del Estado en los casos de violencia perpetrada contra las víctimas se atribuye al considerar que México no cumplió con su deber de prevención, pero no se impone la responsabilidad internacional al Estado respecto de violaciones a los derechos sustantivos de las jóvenes.
Por lo que ve a la responsabilidad del Estado de prevenir, es algo que a 10 años de esta lastimosa sentencia no ha sucedido, hoy día aún seguimos sin saber el paradero de miles de mexicanos y mexicanas. La Corte Interamericana determinó que a México le hacía falta implementar medidas desde el momento de la desaparición forzada, en el procedimiento de investigación y hasta el hallazgo de las personas.
Los avances en estos 10 años existen, sin ser suficientes, nada menos en este año 2019, hace meses, el coraje y la furia de miles de mujeres desató un reclamo que hizo eco en la Ciudad de México, al pintar de rosa uno de los monumentos más emblemáticos como el Ángel de la Independencia para exigir que ni una más ni una menos. Ninguna mujer debe de desaparecer y mucho menos ser encontrada en las condiciones como sucedió en 2001 con Claudia, Esmeralda y Laura.
El mausoleo fue ordenado; sin embargo, la reparación del daño y la integridad personal de los familiares no resuelven de manera sustantiva los hechos de fondo de los homicidios en aquella entidad federativa que se han reproducido lastimosamente por toda la geografía nacional. La pobreza, como se analiza en la sentencia, es una condicionante para que este sector poblacional sea en mayor medida susceptible a vivir hechos como el del campo algodonero.
A 10 años, es y desgraciadamente seguirá siendo una sentencia sin ejecutarse a plenitud.
