Lorena Berenice Tinoco tenía sólo 21 años y no consiguió cumplir sus sueños. Ya no celebrará más cumpleaños, logros académicos, ni ascensos laborales. Ni siquiera tuvo tiempo de imaginar las luces y estrellas del futuro que estaba dispuesta a construir.
Salió de casa la noche del sábado rumbo al Bar Prime, en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, y ya no regresó con vida. Fue a buscar diversión y esparcimiento, como cualquier joven de su edad. Lo que encontró fue la muerte. Su cuerpo fue abandonado, lastimado y maltrecho en un municipio cercano. El hallazgo ocurrió un par de días después de su desaparición.
Otro hogar está de luto, lleno de pena, indignación y coraje. Sus familiares buscan respuestas y exigen justicia.
Cincuenta mujeres han sido víctimas de feminicidio en Hidalgo, y en todo el país la cifra llegó a 638, de acuerdo con el reporte que recientemente reveló Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional cuando dio a conocer datos de la incidencia delictiva registrada durante los nueve primeros meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Ya no hay lugar para bailar bajo la luna, contemplar el nido de un ave, sentir que la brisa humedezca el rostro ni caminar con ligereza por las calles. La amenaza es permanente.
Las mujeres están acorraladas, intimidadas por el acoso, las agresiones, la violencia. Son protagonistas de las fichas de desaparición, de la nota roja.
Las lágrimas derramadas por las otras víctimas, los moños negros en señal de luto, los hashtag utilizados para marcar tendencia en las redes sociales, ni las protestas realizadas para visibilizar el terror y la violencia han sido suficientes para conseguir la atención de las autoridades.
Pronunciar discursos y ofrecer entrevistas en los medios para reiterar promesas vacías es la respuesta habitual de las mujeres y los hombres de la política. La inseguridad, el miedo y la violencia de género que diariamente se vive en las calles de todo el país no se resuelve con decretos ni medidas improvisadas, tomadas al calor de la presión social.
La indignación crece y seguirá aumentando porque no hay lágrimas suficientes para consolar los corazones rotos, apaciguar el dolor ni eliminar la frustración.
El fenómeno de la delincuencia ha dañado el tejido social, pero las mujeres y los menores de edad son las víctimas más comunes de la violencia e inseguridad.
Resulta urgente diseñar y ejecutar políticas con perspectiva de género para proteger a estos grupos vulnerables: alertas de género efectivas, operativos de seguridad en las calles y el transporte público, atención expedita de denuncias y procesos judiciales rigurosos con los victimarios.
Proteger la seguridad e integridad de las mujeres debe ser una prioridad para los gobiernos federal, estatales y municipales. Ya no hay nuevas oportunidades ni tiempo que perder.
Las mujeres no volverán a musitar ni a reclamar seguridad con sollozos. Con falditas de sol o pantalones deportivos, con una flor en el cabello o con un mechón morado, las mujeres seguirán de pie, convencidas de la batalla que es necesario continuar, decididas a levantar torbellinos de justicia.
