El 26 de octubre de 2012, alrededor de las 09:30 de la mañana, María del Sol Vázquez Reyes llegó a su trabajo en la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Veracruz en Córdoba, cuando seis agentes de la extinta Agencia Veracruzana de Investigación (AVI) la privaron de la libertad, sin presentarle ninguna orden de aprehensión.
La trasladaron a las oficinas de la AVI donde fue torturada para que se declarara como integrante de una banda de secuestradores. Le quitaron la ropa, le vendaron los ojos y la esposaron para golpearla reiteradamente en la espalda, cabeza, abdomen, estómago y brazos. También le dieron choques eléctricos en las piernas, pelvis y otras regiones. La manosearon y amenazaron con que sería violada por todos los agentes e incluso le dijeron que hasta la matarían por no confesar.
A María del Sol le fue introducido un trapo en la boca y luego le cubrieron la cabeza con una bolsa para causarle asfixia mientras era golpeada y electrocutada. También, su cabeza fue estrellada en distintas ocasiones contra una pared. Esto ocurrió durante aproximadamente 14 horas.
Incomunicada, fue obligada a firmar un documento cuyo contenido no le permitieron conocer. La medianoche del 26 de octubre de 2012, María del Sol fue consignada en el penal de La Loma, en Córdoba, donde enfrentó tres años de juicio, al final de los cuales, en 2015, fue sentenciada a 24 años de cárcel.
Así estuvo un lustro, hasta el pasado 21 de agosto de 2017, cuando la Tercera Sala Penal de Veracruz revocó la sentencia en su contra, la absolvió de todas las acusaciones y ordenó su inmediata liberación al comprobar que fue víctima de detención y retención ilegal, tortura física y violencia sexual por parte de agentes del estado; así como por el juez que también violó su derecho a que sus denuncias de tortura fueran investigadas.
Por desgracia, el caso de María del Sol no es un hecho aislado. El World Justice Proyect recién dio a conocer el estudio Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado en el que se establece que al ser detenidas por autoridades estatales o federales, las mujeres se convierten en víctimas fáciles de este delito.
Esta organización internacional encontró que ocho de cada 10 mujeres detenidas en México entre 2009 y 2016, fueron víctimas de tortura antes de ser presentadas ante un juez.
El documento establece que con información de las procuradurías y fiscalías, en 2014 se presentaron 10 mil 462 denuncias por tortura; y para 2015 solo 17 expedientes fueron consignados por la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Tortura.
A pesar de los miles de casos, entre 2006 y 2015 únicamente se lograron 15 condenas federales por acusaciones de tortura. Sí, leyó bien: apenas 15 sentencias fueron ejecutadas.
Mujeres con la frente en alto documentó 29 casos de mujeres detenidas en diversos estados del país, entre 2006 y 2015. Estos 29 casos ocurrieron en 12 estados del país. El Estado de México encabeza la lista seguido de Tamaulipas, Coahuila, Veracruz, Guerrero, Nuevo León, Quintana Roo, Michoacán y San Luis Potosí.
El informe detalla que en 27 de los 29 casos, la violación sexual estuvo presente: en 16 se consumó la violación; en 11 se realizaron amenazas de violación, y en dos casos se perpetró frente a familiares. Por si lo anterior no fuera suficientemente grave, entre las víctimas había mujeres embarazadas, a quienes las autoridades amenazaron con interrumpir la gestación.
La investigación encontró que en 21 casos la tortura funcionó para que las mujeres firmaran una declaración autoinculpatoria y a pesar de eso, al menos 15 volvieron a ser intimidadas en oficinas del Ministerio Público.
Así, de manera ilícita, es como se sostienen los procesos penales de la mayoría de estas mujeres, sin oportunidad de presentar pruebas a su favor y además sin obtener justicia a pesar de haber sido víctimas de tortura sexual ya que en ningún caso se inició una investigación inmediata a pesar de tener conocimiento de los hechos.
Finalmente preocupa que sean la Policía Federal, el Ejército y la Marina, las corporaciones mayormente señaladas por estos hechos. Preocupa porque de ellos se integrará la Guardia Nacional, la nueva agrupación con la que el futuro presidente, Andrés Manuel López Obrador, pretende hacer frente a la delincuencia.
Pero más que preocuparnos, debemos ocuparnos para continuar con la denuncia de estos hechos y evitar que el caso de María del Sol y la tortura sexual, se vuelva a repetir.
