Por MARISSA RIVERA
La fiscalización, transparencia y ruta de los recursos que se entregan a los partidos políticos ha sido un problema fundamental en la vida democrática de México.
Una complicadísima tarea en la que ni se ha podido ni se ha querido ejercer un control.
Los partidos siempre encuentran lagunas legales o recurren a la venerada simulación.
Según el estudio “Dinero Bajo la Mesa”, realizado por Mexicanos Contra la Corrupción e Integralia, en la pasada elección se rebasó hasta 10 veces el tope de gastos de campaña.
Por cada peso comprobado ante el INE, los partidos gastaron otros 15 que no comprobaron, obviamente, financiamiento ilegal.
Situación que a nadie le preocupa, porque ya se convirtió en un círculo vicioso, para ganar una elección no se necesita una carta de buena conducta, se necesita ganar votos a como dé lugar y si es necesario violentar la ley lo hago y después pago la multa. Más vale pedir perdón que permiso.
Ahí están los casos de tres candidatos independientes a la Presidencia de la República, a quienes les encontraron trampas en sus registros, Jaime Rodríguez, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter y las multas asignadas fueron entre 3 mil y 5 mil pesos.
Por fortuna la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró “muy menores” las sanciones y pidió a la sala especializada revisarlas y hacerlas ejemplares.
Para los partidos políticos y este caso para los candidatos independientes, torcer la ley tiene dos salidas o pagar (si es un monto menor) o impugnar la resolución.
Este año, los partidos políticos recibieron casi 6 mil 789 millones de pesos para el proceso electoral realizado el 1 de julio.
El PRI, mil 689 millones de pesos; el PAN, mil 281 millones; el PRD, 773 millones; Morena, 649 millones; PVEM, 578 millones; Movimiento Ciudadano, 537 millones; Encuentro Social, 398 millones y PT, 376 millones de pesos.
Estratosféricos montos que siempre les han sido Insuficientes, porque comprar el voto cuesta y en esta elección salió más caro.
Por lo pronto ya comenzaron las sanciones a los partidos políticos.
El INE multó al PRI con 36 millones 544 mil 702 pesos, por haber recibido recursos públicos del gobierno del Estado de Chihuahua a través de “supuestas” aportaciones voluntarias.
El caso que llama la atención es el de Morena, que ya provocó encono.
La multa que le impuso el INE fue por 197 millones de pesos, por el uso indebido de un fideicomiso para apoyo de damnificados del sismo del pasado 19 de septiembre, del que presuntamente 44 millones y medio de pesos ingresaron de manera irregular.
Los consejeros aseguran que existen pruebas de las irregularidades en el fideicomiso, mientras que para Andrés Manuel López Obrador es un abuso y una vil venganza, que obviamente impugnará.
La multa, según los consejeros, es ejemplar, para evitar que se abran este tipo de esquemas y que los partidos evadan sus obligaciones en materia de fiscalización y rendición de cuentas.
En las dos anteriores elecciones presidenciales, inmediatamente llegaron sendas reformas en materia electoral.
Esta vez, ante el aplastante triunfo de AMLO, nadie ha dicho nada, nadie ha propuesto nada.
Sería bueno que valoraran la transparencia, la rendición de cuentas y la ruta del dinero que entrega el INE, porque la simulación y el lavado de recursos, ya nos rebasó.
La cárcel o perder el registro podrían ser multas ejemplares.
