¡Mi imaginación me lleva al futuro! Es la noche del 1 de julio de 2018, el resultado de las elecciones presidenciales marca ventaja para el candidato del PRI, José Antonio Meade, que desde su cuartel en la Ciudad de México ve con atención los noticieros televisivos que muestran hombres y mujeres en el piso con sangre sobre sus rostros y ropa. El tan temido estallido social rompió el silencio, los gritos de dolor se escuchan por todos lados mientras los pasos coordinados de los militares retumban por las calles en busca de quienes ponen en peligro las instituciones: civiles inconformes ante lo que llaman un fraude electoral del sistema.
La orden de detener a los perturbadores de la paz salió de la Secretaría de Gobernación: una llamada al Ejército y a la Marina bastó para que soldados y marinos salieran de sus cuarteles amparados por la recién aprobada Ley de Seguridad Interior que les permite actuar sin temor de ser acusados de violentar los derechos humanos de los mexicanos.
Este escenario catastrófico está en la mente de activistas, ONG´s, artistas, políticos opositores al PRI, intelectuales y ciudadanos que presagian brotes de violencia en la elección presidencial más controvertida y difícil de los últimos años, en la que el Revolucionario Institucional se jugará todo su capital económico y político para mantener su poderío.
Su pretexto de proteger a las instituciones que nos rigen, diputados, y senadores del tricolor y de sus aliados históricos, Verde Ecologista, Panal y algunos del PAN y el PES, desoyeron la voz de alerta de los inconformes con esta ley y la aprobaron vía fast track. La esperanza, muy lejana por cierto, es que Enrique Peña Nieto la vete con las observaciones hechas que involucra también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Si me pongo un poco filosófica viene a mi mente la frase célebre de Nicolás Maquiavelo, que “el fin justifica los medios”; en otras palabras, cuando el objetivo final es importante cualquier medio para lograrlo es válido, más si se trata de retener la Presidencia de la República y garantizar impunidad al hombre que la está dejando. Desde ahora la advertencia está en el aire: o se comportan como mexicanos civilizados o el Gobierno Federal actuará con la ley en la mano para garantizarle una transición pacífica a José Antonio Meade.
Indirectamente el aviso va dirigido al candidato presidencial de la coalición más pragmática de todas, “Hagamos Historia”, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que tendrá la responsabilidad de calmar los ánimos y el odio atizado por él mismo al llegar la noche del próximo 1 de julio o desencadenar la batalla en la que pueblo y militares serán los menos culpables.
La militarización de nuestro país sólo es un mero trámite legaloide porque en la práctica ya está desde que Felipe Calderón, al inicio de su administración en diciembre de 2006, metió a soldados y marinos a matarse con líderes del narcotráfico en Michoacán, Tamaulipas y Guerrero donde la guerra por esas plazas dejó miles de muertos, entre ellos militares que no estaban capacitados para actuar como policías. ¿Quién se acuerda de estos muertos?
La Ley de Seguridad Interior deja muchas dudas y, sobre todo, la convicción de que para el Gobierno Federal y sus legisladores no cuenta lo que pensemos millones de mexicanos, lo que siente una esposa y los hijos de un militar que muere en cumplimiento de su deber: lo importante es garantizar que 2018 será el año más temido para protestar en las calles.
Elena Chávez. Estudió periodismo en la universidad Carlos Septién García. Ha escrito los libros “Ángeles Abandonados” y “Elisa, el diagnóstico final”. Reportera en diversos diarios como Excélsior, Ovaciones, UnomásUno; cubrió diferentes fuentes de información. Servidora Pública en el Gobierno del Distrito Federal y Diputada Constituyente externa por el PRD.
