La confirmación de una operación de espionaje en México, descubierta gracias a una investigación de la iniciativa canadiense Citizen Lab, fue decisiva para que 10 organizaciones de la sociedad civil decidieran abandonar la Alianza para el Gobierno Abierto que mantenían con la administración del presidente Enrique Peña.
El reporte, dado a conocer este año y publicado en el diario estadounidense The New York Times, confirmó una estrategia para intervenir los teléfonos celulares de tres de los principales promotores del incremento al impuesto a los refrescos, esto entre junio y agosto de 2016.
La organización canadiense reveló el envío de vínculos con un código invasivo a los dispositivos móviles del investigador Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública; Alejandro Calvillo, director de la organización “El Poder del Consumidor”, y Luis Encarnación, coordinador de la coalición ContraPESO.
El programa espía detectado se conoce con el nombre de Pegasus y fue desarrollado por la empresa israelí NSO Group. Esta compañía vende sus herramientas de espionaje digital exclusivamente a gobiernos y su lema es “Hacer del mundo un lugar más seguro”.
El spyware permite a los hackers monitorear cada llamada, mensajería instantánea, correo electrónico, lista de contactos, conocer la ubicación de la persona, acceder a su cámara, micrófono y hasta determinar las teclas pulsadas en el celular.
La revelación de la llamada operación de espionaje “Bitter Sweet” fue posible gracias al minucioso trabajo que realiza un grupo interdisciplinario de especialistas en ciencia política, sociología, ingeniería en sistemas, ciencias computacionales y diseño gráfico en la Facultad de Asuntos Globales de la Universidad de Toronto.
Este proyecto tiene como objetivo sacar a la luz pública la forma de operar del poder a través de la tecnología para coartar la libertad de expresión, reprimir las libertades y atacar a los movimientos sociales.
Su fundador, Ron Deibert, ha descrito a la organización como un equipo de hacktivistas; es decir, activistas que desempeñan un trabajo político y social, apoyados de los conocimientos y habilidades de hackers, cuya connotación original del término se refiere a quienes buscaban descifrar los códigos de las grandes corporaciones tecnológicas para ponerlas a disposición de la mayoría.
Bajo esta premisa, el Citizen Lab ha revelado redes de intervención y vigilancia electrónica alrededor del mundo (la más reciente en Rusia) y ha publicado reportes de las corporaciones que proveen de herramientas de espionaje digital a distintos gobiernos.
Hoy en día, la tecnología y la cibernética están presentes en las interacciones humanas. Sin duda, han hecho del mundo un lugar más pequeño y mejor comunicado. Sin embargo, el desarrollo de sofisticadas técnicas de espionaje en un mercado sin regulación y políticas claras sobre su uso, las han convertido en una amenaza. Los gobiernos con tintes autoritarios han caído en la tentación de utilizarlas en contra de la sociedad civil y no contra terroristas o narcotraficantes. Así intervienen por igual a periodistas, líderes sociales, opositores o defensores de derechos humanos.
El reporte de Citizen Lab no responsabiliza de la operación “Bitter Sweet” al Gobierno de México pero subraya que existe una fuerte posibilidad de que estos mecanismos se hayan utilizado en favor de los intereses comerciales de la industria refresquera.
El informe, que puede ser consultado en el sitio: citizenlab.org, detalla que en 2012 el Gobierno de México firmó con NSO Group un contrato por 20 millones de dólares para utilizar sus productos y, recordó que el periodista Rafael Cabrera fue víctima de un ataque similar tras revelar la investigación sobre la llamada “Casa Blanca”.
Con este caso de espionaje, las organizaciones que abandonaron la Alianza para el Gobierno Abierto manifestaron que perdieron la confianza para continuar en las mesas de trabajo con la actual administración y lamentaron el silencio y la falta de acciones por parte de la autoridad federal y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“El que calla otorga,” reza la sabiduría del pueblo. Paradójicamente, la Alianza por el Gobierno Abierto fue promovida en 2011 por nuestro país junto con Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Brasil, Indonesia, Filipinas y Sudáfrica para promover la transparencia, la rendición de cuentas, el combate a la corrupción y la participación ciudadana.
*Por: Gabriel Ramírez, periodista mexicano en Canadá.
