viernes 14 junio, 2024
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COLUMNA INVITADA

«EL RING DE LOS DEBATES»: ¿Justicia buena, bonita y barata?

El 18 de junio de 2016 entró en vigor el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que fue definido por el presidente Enrique Peña Nieto como el cambio más trascendental en la forma de impartir justicia en el país de los últimos 100 años.

¿En qué consiste?

Incorporaba los juicios orales públicos como un mecanismo fundamental para garantizar la transparencia del proceso al permitir a la sociedad ser testigo de las audiencias y evaluar la actuación de los Ministerios Públicos y jueces.

Uno de los pilares del nuevo modelo es una figura básica en cualquier ordenamiento jurídico moderno: la presunción de inocencia. Los jueces deben presumir siempre la inocencia hasta que una sentencia determine culpabilidad.

Las víctimas deben recibir asesoría jurídica y deberán ser reparadas. En algunos delitos, el Estado debe proveer de asistencia médica y sicológica, si el acusado no tiene recursos para reparar el daño; y en delitos graves, con recursos públicos, deberá cubrir esa reparación.

El nuevo sistema puso en marcha un código único de procedimientos penales, lo que significa que todos los mexicanos tienen las mismas leyes procesales y serán juzgados de la misma forma en cualquier parte del país. Hasta ahora, cada estado tenía su propio código procesal.

Se crea la figura del juicio simplificado o procedimiento abreviado. Esto implica que los delitos podrían resolverse de forma rápida, si el culpable acepta responsabilidad y la victima está de acuerdo.

La incorporación de la conciliación entre las partes permitiría liberar a miles de jueces y funcionarios entrampados por delitos menores que se podían resolver con una multa.

La justicia se abarata. Cada proceso del sistema inquisitivo mixto costaba en promedio 15 mil pesos. En los asuntos resueltos mediante métodos alternativos bajo el nuevo sistema, el costo se reduce hasta unos mil 500 pesos en promedio.

Todas estas medidas, en su conjunto, tenían varios objetivos fundamentales: garantizar una justicia pronta y expedita, y que el sistema de procuración y administración de justicia contara con mayor confianza. En 2014, un 92.8% de los delitos no fueron denunciados o, habiendo sido denunciados, no derivaron en averiguación previa.

Se estima que del total de delitos cometidos en ese año, hubo denuncia en el 10.7%, pero solo el 7.2% generó el inicio de una averiguación previa o carpeta de investigación.

A casi un año de su entrada en vigor, ¿usted considera que el modelo ha sido exitoso?  

LA INSEGURIDAD ES NECIA

Siete de cada 10 mexicanos considera inseguro vivir en su ciudad, según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi[1].

Esta cifra significa un repunte en la percepción de inseguridad del 3% en marzo pasado, cuando la cifra era de 72.9, frente al 69.9% alcanzado ese mismo mes de 2016.

Las ciudades con mayor índice de percepción de inseguridad, con porcentajes superiores a 90 puntos, son: Ecatepec, Villahermosa, Chilpancingo, la zona norte de la Ciudad de México, Fresnillo y Coatzacoalcos.

Los cajeros automáticos ubicados en la vía pública son el lugar donde las personas se sienten más inseguras con 80.2%, seguido del transporte público con 73.4%, el banco con 66% y en las calles que habitualmente utilizan con 65.1%.

La encuesta también reveló que el 36.8% de la población mayor de edad consideró que en sus ciudades la situación de la delincuencia continuará y 33.8% estimó que empeorará para el siguiente año.

Entre las conductas delictivas o antisociales registradas por la población en las inmediaciones de su vivienda, se encuentra en primer lugar el consumo de alcohol en la vía pública (64.7%), robos o asaltos (63), vandalismo (51.8), venta o consumo de drogas (40), bandas violentas o pandillerismo (34) y disparos de armas de fuego (32.5).

Derivado de estas conductas, 62.7% de la población modificó hábitos, como portar objetos de valor o joyas, dinero y tarjetas de crédito, con la finalidad de evitar sufrir algún delito. Mientras que 54.4% reconoció que no permite que sus hijos salgan de su vivienda.

Sin embargo, todas estas cifras no las ven las autoridades. Durante su comparecencia ante el pleno de la Asamblea Legislativa, el procurador Rodolfo Ríos aseguró que hay una disminución del 7.7% en los delitos que más dañan a la población como el secuestro, el robo a pasajeros con violencia, violación, robo a casa habitación y transeúnte, con y sin violencia.

Detalló que el secuestro ha disminuido 21.6%; el robo a pasajeros con violencia se redujo en 21.4%; en 13% el robo a casa habitación, 8.2 el robo a transeúnte con y sin violencia y 19.6% el delito de violación.

Y cuando reconocen que hay aumentos en los índices delictivos, los atribuyen a factores “externos”.

LA ORALIDAD TIENE LA CULPA

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, atribuyó el alza en los índices delictivos al nuevo Sistema Penal Acusatorio que, dijo, ha permitido la liberación de 12 mil reos.

Detalló que en las cárceles capitalinas había 42 mil reos compurgando una pena o en prisión preventiva antes de la entrada en vigor del nuevo modelo y hoy la población es de unos 30 mil. De acuerdo con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, esa cifra equivale a todos los reos que se encuentran en el Reclusorio Norte.

¿Esto es atribuible al nuevo modelo? No necesariamente. Es producto de un fenómeno del que hemos hablado con anterioridad. La madre de todos los males: la impunidad y la corrupción. Delincuentes coludidos con autoridades; policías y ministerios públicos que trabajan con negligencia; e investigaciones mal fundamentadas, mal procesadas y basadas en evidencias limitadas.

Todo esto se convierte en un círculo vicioso que pone en la calle a criminales, que mina la escasa confianza de la ciudadanía hacia los encargados de garantizarle seguridad y que provocan que cualquier modelo fracase.

El nuevo Sistema de Justicia Penal tiene muchas virtudes. Hay que darle oportunidad a que madure. Pero sobre todo, como sociedad, hay que exigir a sus responsables que lo implementen a cabalidad. México no merece que se le condene a ser la nación de la injusticia.

[1] http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2017/ensu/ensu2017_04.pdf

 

Hannia Novell. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, realizó estudios en Periodismo, Literatura y Seguridad Nacional en diversas instituciones como la Universidad Iberoamericana, el Centro de Comunicación, Radio Educación y el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Especialidad en corresponsalía de guerra en La Universidad de Jerusalem (Israel) y una especialidad en comunicación política en George Washington University. Titular del noticiario estelar de Proyecto 40 en su edición nocturna. 

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