La diplomacia mexicana enfrenta una crisis; algunos le nombran paradiplomacia.
La semana pasada el Canciller de México, Luis Videgaray compareció ante el Senado de la República. De acuerdo al periódico El Universal, el Canciller pidió “crear una política exterior de Estado para defender al país y los connacionales, así como mayores facultades para renegociar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica (TLCAN)”. Por su parte, el periódico Reforma destacó las declaraciones de Videgaray en torno a la misma comparecencia con la siguiente frase: “No confundir diplomacia con debilidad”.
Hay mucho que decir sobre estas dos puntos; sin embargo, sin el ánimo de hacer leña del árbol caído, me gustaría realizar algunas reflexiones al respecto. Si bien es cierto, la política exterior de Estado ya existe, ésta se encuentra fragmentada y sin cohesión. No es un secreto que a partir de la apertura de México mediante el cambio de su política económica y comercial de los años 80 (entrada al GATT hoy OMC) y los años 90 con la firma del TLCAN y otros Acuerdos Comerciales que se han firmado en cascada desde entonces, existen más actores públicos y privados en materia internacional. No sólo las secretarías de Estado comenzaron a contar con sus propias áreas internacionales, sino también los municipios, los estados de la República, las empresas globales mexicanas y organizaciones no gubernamentales. Eso, para mala suerte de nuestra Cancillería, erosionó su protagonismo en los asuntos internacionales y poco a poco dio paso a una “anarquía de todos los asuntos internacionales”, a tal grado que llegó el momento de no poder controlar y darle seguimiento a la totalidad de la agenda internacional de México. A eso, algunos especialistas le llaman paradiplomacia, diplomacia parlamentaria o nuevos actores globales.
Como sea, la Secretaría de Relaciones Exteriores se vio rebasada y no creció en estructura ni presupuesto para tomar el control de los asuntos internacionales de México y, con ello, lastimosamente defender con efectividad el llamado “interés nacional”. Lo que vemos hoy con la crisis diplomática de México con el nuevo gobierno de los Estados Unidos es un ejemplo de ello.
Si a lo anterior sumamos la mala práctica de tener embajadores, cónsules y personal adscrito en nuestras representaciones diplomáticas ajenos al Servicio Exterior Mexicano (SEM), la cuestión toma tintes dramáticos. La lista es larga. No es mi objetivo atacarlos o descalificarlos. Existe una multiplicidad de factores que responden a su designación. La cuestión aquí es que no podemos hablar de una política exterior de Estado si continuamos manteniendo estas prácticas enquistadas a la hora de nombrar a nuestros representantes diplomáticos.
Una diplomacia de Estado tendría que dejar la competencia entre secretarías, tal es el caso de la de Economía con la Cancillería –por ejemplo–, sin contar otras menos visibles. Aunado a ello, la falta de profesionalización del personal del Servicio Exterior en regiones o temas, es otro elemento que rompe con la formación de cuadros o equipos de trabajo (especialistas). Países como Japón o China, por citar dos casos, cuentan con un Servicio Exterior con estas características. Envían a su personal a aprender el idioma y la cultura a los países o regiones por dos años donde desempeñarán en su carrera diplomática. En cambio, en nuestro caso, el tema es al azar.
No es malo saber de todo, pero una especialización en áreas o temas traería consigo mayor efectividad en la práctica diplomática y se evitaría caer en la improvisación o la famosa curva de aprendizaje. De la designación de los amigos ya ni hablar. Simplemente no se puede planear y ejecutar una verdadera política exterior de Estado cuando ésta es de amigos. Y no sólo hablo del Canciller. Tan solo hay que que ver quiénes están en las Comisiones de Relaciones Exteriores en la Cámara de Diputados o del Senado, o bien, en las dependencia que manejan asuntos con el Exterior. El resultado lo conocemos todos.
Doctor Adolfo Laborde, analista internacional.
