Ellas a se fueron pero sus familias continúan buscando justicia.
Salieron de casa para no regresar jamás. A 16 años del feminicidio de Lilia Alejandra García, una de las muertas de Juárez, el incremento en estos homicidios ha crecido en diversos estados del país, alentados por la impunidad en que quedaron los casos de centenares de mujeres que perdieron la vida. Ellas ya se fueron, pero sus familiares siguen padeciendo no sólo el dolor de haberlas perdido, sino el peregrinar, la mayoría entre amenazas, el buscar la justicia que nunca llega.
Hablar de feminicidios es referirnos a que, pese a los avances logrados en la protección de las mujeres, todavía este sector de la población es víctima del abuso de género, del machismo, de la explotación, de la pornografía y de la trata de blancas que logra desarticular familias secuestrando a jovencitas inocentes.
La indiferencia o ineptitud ante estos feminicidios por parte de las autoridades, municipales, estatales y federales, ha generado que en el fenómeno sean las propias madres las encargadas de investigar quién o quiénes mataron sus hijas, sin importarles las amenazas e incluso los atentados en su contra.
Norma Andrade, madre de Alejandra, ha recorrido miles de veces Ciudad Juárez buscando al asesino de su hija (en aquel entonces tenía sólo 17 años). Ya ha sufrido dos atentados, pero ni la muerte le hará desistir del objetivo de impedir que más niñas, adolescentes y jóvenes mueran sin piedad alguna.
Esta valiente mujer, cofundadora de la organización “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, ha reiterado que es “indignante y ofensivo” que el Ejecutivo federal “asuma un doble discurso y demuestre su ignorancia” sobre lo que ocurre en Ciudad Juárez. “No se puede jugar con el dolor de las familias ni de la sociedad”, asegura bajo el comprensible argumento de que los medios de comunicación “no inventan” las noticias de mujeres desaparecidas y asesinadas. “Son casos que siguen ocurriendo sin que las autoridades detengan a los agresores”.
Alejandra, cuando murió, tenía dos pequeños hijos, los cuales ahora se han convertido en activistas por la defensa de los derechos humanos y junto con su abuela e instituciones defensoras de la vida, han dado la pelea para que Las muertas de Juárez no se olviden.
Al respecto, y en especial al asesinato de Alejandra, la activista por los derechos humanos y recién Diputada Constituyente, Lol Kin Castañeda asegura que “Las muertas de Juárez son el antecedente de un fenómeno de feminicidios en todo México, los cuales se han incrementado en número a causa de la falta de protocolos, de la negligencia e incluso la integración de los expedientes con base en prejuicios. Todo esto, en conjunto, ha mandado un mensaje a la sociedad haciendo creer que quien asesine a una mujer, con certeza quedará impune”.
Lol sostiene que a esto se suman prejuicios que colocan a las mujeres con respecto al servicio del hombre, cosificando y despojando de libertad y autonomía. “Se ha hablado de asesinos seriales, se han documentado “culpables bajo tortura”. Lo cierto es que ante la impunidad, los feminicidios se han extendido a otras entidades. No parece detenerse y la justicia sigue ausente.
“Quienes defendemos los derechos humanos y exigimos justicia, estimulamos la implementación de protocolos que permitan atender el caso de manera integral, de la mano de la familia y con las herramientas más avanzadas de investigación. En el caso de Lilia Alejandra, las primeras omisiones fueron al momento de encontrar el cuerpo y no preservar los elementos químicos necesarios. Cada caso exige un análisis puntual lejos de prejuicios. Los casos ejemplares sólo sirven para garantizar que no se repitan”.
Con justificada indignación, la activista lamenta que se cumpla un año más del feminicidio de Alejandra y la respuesta sigue siendo el silencio. “El Estado ha tenido que cumplir con la familia de Lilia Alejandra, pero hasta ahora nadie más que su familia ha asumido los costos. Jade y Kaleb perdieron a su mamá y han sido criados con profundo amor por su abuela. Tuvieron que abandonar su hogar ante el atentado contra Norma, lo que la ha llevado a acompañar a decenas de familias buscando a Nuestras hijas de regreso a casa, con la misma respuesta: impunidad”.
En su opinión, este país necesita de gobiernos sensibles, que reconozcan la problemática y actúen para resolverla. “Urge detener la corrupción y promover la justicia social y la igualdad”.
Las mujeres, sin importar posición social, económica o religión, no queremos más mujeres torturadas por sus parejas y familiares, o asesinadas por tratantes o por dementes que antes de matarlas las violan tumultuariamente como fue el caso de Alejandra. Es reprochable que ninguna autoridad haya dado, por negligencia o complicidad, con la verdad de los asesinatos de las jóvenes de Juárez.
Los feminicidios se repiten cada vez más. El Estado de México es otra prueba de la violencia contra las mujeres, pero también de la indiferencia, corrupción e impunidad con que actúan las autoridades que nos gobiernan. Hoy el gobernador de esta entidad, Eruviel Ávila, quiere ser candidato a la Presidencia de México, sin importarle el sufrimiento y dolor de las madres que han perdido a sus hijas en manos de la delincuencia.
Yo quiero saber quiénes de los precandidatos a gobernar nuestro país se han preocupado, aunque sea de dientes para afuera, por mencionar los feminicidios y comprometerse a hacerles justicia a las mujeres asesinadas. Todos hablan de combate a la corrupción, a la desigualdad, a la inseguridad pero ninguno dice “le entro” a erradicar la violencia, la tortura y muerte de las mujeres en México.
Loa feminicidios no pueden quedar impunes y mucho menos continuar, porque llegará el momento en que la sociedad haga justicia por propia mano.
Elena Chávez. Estudió periodismo en la escuela “Carlos Septién García”. Ha escrito los libros “Ángeles Abandonados” y “Elisa, el diagnóstico final”. Reportera en diversos diarios como Excélsior, Ovaciones, UnomásUno; cubrió diferentes fuentes de información. Servidora Pública en el Gobierno del Distrito Federal y actualmente Diputada Constituyente externa por el PRD.
