Por Ernesto Zavaleta
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Este miércoles se votó lo que quedó del Plan B, al que se quitó la concurrencia de la revocación y confirmación de mandato, y se abre a la reelección y hasta a la candidatura de familiares a los puestos en disputa. Una cortina de humo, donde se discute las diferencias entre morenistas y de éstos con sus aliados.
Sigue el proceso de selección de tres consejeros del INE, incompleto desde el 6 de abril, en el que la mayoría oficialista puede imponer a los candidatos afines a la 4T desde la selección de un Comité Técnico, integrado por tres diputados, dos representantes de la CNDH, en manos de una morenista, se eliminó a los del INAI, y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de los Diputados, presidida por el coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila.
De hecho el PRI renunció a participar en esta selección por lo opaco de su procedimiento, como lo explicó el coordinador de los diputados el PRI, Rubén Moreira Valdez; y el líder de los panistas en esa cámara, Elías Lixa, advirtió, que existen riesgos de falta de autonomía en la selección, señalando que algunos perfiles que avanzaron en el proceso podrían tener vínculos con el gobierno federal o el partido en el poder, y firmó en abstención el acuerdo de selección del mencionado Comité de selección.
Y si las reglas electorales, emanadas de una reforma propuesta por la presidencia, y el absoluto dominio del INE falla, ahora está la amenaza del congelamiento de cuentas, si a la Secretaría de Hacienda se le hace “sospechoso” el origen de los recursos de opositores y en sus campañas.
El bloqueo de usuarios dentro del sistema financiero nació como una medida de respuesta a una obligación internacional dirigida principalmente al combate al financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.
El bloqueo de cuentas sólo es, o era, constitucional si se ancla a tratados, resoluciones de organismos internacionales o solicitudes expresas de autoridades extranjeras, una respuesta a una obligación internacional dirigida principalmente al combate al financiamiento al terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva. Eso dice la ley, eso establece la Constitución, pero la nueva Corte opinó distinto.
Hace unos días el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoció la validez del artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de marzo de 2022, el cual regula la facultad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Una respuesta, impugnada ante la SCJN, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador al supuesto financiamiento con recursos del exterior a organizaciones opositoras a la 4T, dirigida, entre otros a Claudio X. González. El litigio terminó el lunes pasado.
Ahora, Hacienda podrá asumir la autoridad de los tratados y organizaciones internacionales, y señalar a cualquiera para que la UIF bloqueé sus cuentas, si considera que existen “indicios suficientes de su posible relación con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados”.
El Pleno consideró que el bloqueo de cuentas previsto en este esquema es una medida de naturaleza administrativa y preventiva, orientada a proteger el sistema financiero y a cumplir compromisos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, así que ni siquiera es necesario una sentencia o juicio, bueno ni siquiera una investigación judicial en curso, es sospechoso, se le bloquean sus cuentas.
Para el diputado federal del PAN, Héctor Saúl Télllez Hernández, con los súperpoderes que le dio la Corte a la UIF viola la presunción de inocencia, destroza el debido proceso, resta seguridad y certeza jurídica, además convierte una simple “sospecha” en un castigo inmediato.
“… puede dejar en la ruina a familias, empresarios y ciudadanos honestos. Abre la puerta al abuso político y al uso selectivo contra quien piense diferente o sea incomodo al gobierno. Es un golpe serio a nuestros principios jurídicos y al derecho de propiedad”.
Con el pretexto de combatir al crimen organizado y el lavado de dinero, que toca superficialmente el llamado Plan B, se instala un control financiero autoritario, opaco y discrecional sobre todos los mexicanos.
Se podrían congelar cuentas porque a algún político de Morena se le ocurre o tiene sospecha de otra persona, políticos, empresarios, particulares e incluso periodistas, y denuncia, se van a violar los procesos legales existentes, pues, sin pasar por un juez, basta que diga el Gobierno que sospecha de alguien y sin probar nada, van a entrar a las cuentas de cualquiera y congelarlas.
Y en el Congreso lo que se impone en la agenda es el Plan B. El diputado Erubiel Alonso fue contundente sobre la reforma electoral: es una cortina de humo, una simulación centralista y antidemocrática que busca desviar la atención de las crisis que enfrenta el país.
Para la vicecoordinadora panista Nohemí Luna está más claro: “¡Venimos de la elección más violenta, donde hubo intromisión del crimen organizado, y otra vez se pierden la oportunidad de legislar para blindar a los partidos políticos, para blindar al sistema electoral, de la intromisión del crimen organizado!”.
Al narco quizás no, pero si se puede impedir la supervivencia de los opositores, ¿qué pueden hacer sin dinero?