El Gobierno de México rechazó el informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada por considerarlo tendencioso y no tomar en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas, las cuales demuestran que los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni con los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025.
En un comunicado, las secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación se destacó que el procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar, por lo que dicho marco no corresponde a la realidad del México actual, que ha emprendido una transformación estructural en la materia.
El documento agrega que si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 -administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada.
“Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución”, apunta.
De acuerdo con el Gobierno mexicano el propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión. “Dichos señalamientos reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores”.
Asimismo, el gobierno federal resaltó la falta de rigor jurídico en la argumentación del CED, así como la ligereza de sus premisas —incluyendo su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, agravada por conflictos de interés de algunos de sus integrantes.
“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo”, asevera el documento.
Gobernación y la Cancillería señalaron que el Comité de Desaparición Forzada de la ONU no consideró las reformas aprobadas en 2025 en dicha materia, que consisten en:
- La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte.
- La Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- La Plataforma Única de Identidad.
- La obligación de fiscalías especializadas estatales.
- El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
- El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.
- La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación.
- La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR.
- La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.
“Como ha reconocido el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, México mantiene una política de cooperación cotidiana con los sistemas internacionales y regionales, lo cual ha sido valorado por diversas agencias”.
De esta manera, México se dijo abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual.
Finalmente, reafirmó el compromiso absoluto de este gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional.