La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enviará al Senado de la República una propuesta de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por feminicidio en todo el país, a fin de homologar y reforzar procesos en las fiscalías estatales frente a este delito.
“El objetivo es erradicar el feminicidio en México. Que ninguna mujer muera en manos de nadie por el hecho de ser mujer y que nunca más un feminicidio sea catalogado como suicidio, culpando a la propia mujer de una muerte violenta. Es muy importante esta ley.”
Este planteamiento garantiza que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio para incorporar de manera obligatoria la perspectiva de género en cada etapa del proceso y fortalecer las capacidades técnicas, científicas y humanas de las instituciones encargadas de la procuración de justicia.
“Si murió por otra razón que no tiene que ver con la causa de ser mujer, vendrá después. Eso obligará a que ningún ministerio público, como muchas veces ha pasado, diga: ‘se suicidó’, ‘broncoaspiró’. Hay muchos casos todavía.”
La primera mandataria señaló que la propuesta asegura el turno continuado, es decir, la unidad o fiscalía especializada que inicie la investigación, así como el ministerio público adscrito, deben intervenir de manera continua en todas las etapas del procedimiento penal, a fin de garantizar la debida diligencia, la continuidad procesal y la protección de los derechos de las víctimas.
Asimismo, dispone que la Fiscalía General de la República (FGR) o fiscalías deben contar con unidades especializadas para el conocimiento, investigación y persecución del delito.
Como parte de las actividades de marzo, dedicado a las mujeres, la jefa del Ejecutivo federal adelantó que el proyecto de ley será enviado este martes o mañana a más tardar a la Cámara Alta para su discusión y aprobación.
“Es una reforma en la que creo que todas y todos estamos de acuerdo. No creo que haya alguien que se oponga a que la muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio, a que haya protocolos para castigar al responsable y haya todo un sistema de protección a las mujeres.”
Al ser una propuesta de ley general, la jefa del Ejecutivo federal explicó que este modelo de investigación y atención, desarrollado en la Ciudad de México, debe ser aprobado por el Congreso de la Unión y congresos estatales.
“Que todas las fiscalías del país tengan una ley que permita acabar con la impunidad contra el feminicidio y se desarrolle una serie de políticas para prevenirlo”, aseveró.
Ley reconoce nueve razones de género
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que esta iniciativa requiere de la reforma al artículo 73 constitucional con el propósito de facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley general que permita homologar el tipo penal y sus sanciones por el delito de feminicidio.
El proyecto de ley reconoce nueve razones de género, como signos de violencia sexual, lesiones degradantes o infamantes, antecedentes de violencia, prejuicios o estereotipos, existencia de relaciones de poder, incomunicación, indefensión y exposición del cuerpo.
Establece una pena de 40 a 70 años de prisión, sanción por tentativa con pena de prisión, multa en Unidad de Medida y Actualización (UMA) y 21 agravantes, entre ellas, si la víctima es niña, adolescente, adulta mayor, persona con discapacidad, indígena, afromexicana o migrante.
El responsable del feminicidio perderá la patria potestad de hijas e hijos; derechos sucesorios respecto a propiedades y bienes, así como tutela, curatela, guarda y custodia de aquellas personas legítimas de derecho. También será destituido e inhabilitado para el desempeño de cualquier cargo público.
El delito de feminicidio se investigará y perseguirá de oficio; el ejercicio de la acción penal, la sanción impuesta y la reparación integral del daño por el delito de feminicidio son imprescriptibles, es decir, podrá ejercerse indefinidamente, sin importar cuántos años hayan transcurrido.
Propone crear Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio
En ese sentido, la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias de la Secretaría de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, agregó que la modificación constitucional establece los derechos de las víctimas: acceso a la verdad y a la justicia; atención médica y psicológica para sobrevivientes y víctimas indirectas.
Además, asistencia jurídica especializada y gratuita; seguridad social para niñas, niños y adolescentes en orfandad; restitución o entrega del cuerpo de manera digna, respetuosa y asistida, así como servicios de traducción e interpretación.
De igual manera, la iniciativa mandata a las plataformas digitales que respeten la dignidad de las víctimas, al tiempo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de garantizar el derecho a la verdad.
Propone la creación de planes integrales de protección para mujeres sobrevivientes y el Registro Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por Feminicidio.
Para la atención oportuna de las mujeres, se cuenta con los Centros Libre para las Mujeres, la Línea de las Mujeres 079, opción 1; espacios de refugio y las Abogadas para las Mujeres.