Por. Ana Gabriela Núñez Pérez*
Una reforma derrotada antes de votarse: siete meses de errores, tres días de trámite y sepultura. El 4 de agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó el decreto que creó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, iniciando un proceso que terminaría en el pleno de la Cámara de Diputados con 259 votos a favor y 234 en contra. Fue el estrepitoso fracaso de la primera gran derrota legislativa de su gobierno, mediada por meses vacíos informativos, narrativas contradictorias y mala praxis política. La promesa era genuinamente popular: elecciones más baratas, reducción de plurinominales y menos financiamiento a partidos, principios que contaban con el apoyo de más del 80 por ciento de los mexicanos, según encuestas. Sin embargo, ni los propios aliados quedaron convencidos de la ejecución final.
Una parte importante de este colapso fue la propia comisión encabezada por Pablo Gómez Álvarez. El veterano político, designado presidente ejecutivo de la Comisión, trabajó junto a figuras como Rosa Icela Rodríguez y Arturo Zaldívar, pero operó durante seis meses a puerta cerrada. El error de Gómez: nunca tuvo una conversación sustantiva con los dirigentes del PT y del Partido Verde, aliados sin los cuales la reforma constitucional era matemáticamente imposible. Mientras Gómez defendía su creación alegando que beneficiaba a todos, Ricardo Monreal intentaba, sin éxito, advertir que el Congreso era el único que podía modificar las reglas.
La iniciativa que finalmente llegó al Congreso el 4 de marzo propuso modificar once artículos constitucionales. Entre sus ejes destacaba mantener 300 escaños de mayoría relativa en la Cámara de Diputados, pero transformando la representación proporcional con 100 diputados para los “mejores perdedores” y otros 100 por circunscripciones regionales. En el Senado, la propuesta era radical: reducir la cámara de 128 a 96 integrantes, eliminando por completo a los plurinominales. A esto se sumaba un recorte del 25 por ciento al presupuesto del INE, los OPLES y los partidos, además de regular la inteligencia artificial y fortalecer la fiscalización financiera. No obstante, la eliminación de plurinominales en el Senado, y la reducción de financiamiento público a partidos afectaba directamente la subsistencia del PT y el Verde, convirtiéndose en un elemento políticamente explosivo.
La fractura en la coalición se hizo evidente cuando la presidenta Sheinbaum tuvo que iniciar reuniones de emergencia en Palacio Nacional ante el rechazo de sus aliados. El PT no se anduvo con rodeos: calificó la iniciativa como el regreso del “sistema del Partido de Estado”. Por su parte, el Partido Verde, a través de Carlos Puente y Manuel Velasco, condicionó su apoyo a una metodología que no les quitara curules ni financiamiento. Para estos partidos, que no han crecido de manera autónoma desde los noventa, la reforma representaba una amenaza existencial. Aunque la presidenta minimizó el conflicto como simples “puntos de vista distintos”, esos votos terminaron por enterrar la reforma.
El proceso legislativo fue una exhibición de velocidad sin consenso. Tras meses de hermetismo, la iniciativa se dictaminó en comisiones el 10 de marzo con la ayuda de legisladores adicionales incorporados por Morena para asegurar la mayoría simple. Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva, ya advertía que conseguir las dos terceras partes era casi imposible. El 11 de marzo, en una sesión de pleno con debate limitado, se confirmó el desenlace: los 259 votos a favor fueron insuficientes frente a los 334 requeridos. Mientras la oposición celebraba y Morena coreaba lealtad a la presidenta, Sheinbaum se declaró satisfecha por haber cumplido su compromiso con el pueblo, aunque la reforma fuera desechada.
Las voces durante la sesión pintaron un panorama de honda preocupación por la pluralidad. Ivonne Ortega y Claudia Ruiz Massieu, de Movimiento Ciudadano, señalaron que la legitimidad de las reglas electorales se pierde cuando no las diseñan todos los jugadores. El panista Homero Niño de Rivera criticó el error de origen de confiar la tarea a Pablo Gómez, comparando la exclusión de partidos con las épocas más oscuras del “PRI setentero”. César Domínguez, del PRI, fue tajante: cuando las reglas se escriben desde el poder, lo que peligra es la democracia misma.
Ante el rechazo, Morena ya prepara el “plan B”. Sin embargo, el marco constitucional es estricto: los once artículos que se intentaron reformar no pueden ser materia de una nueva iniciativa durante este año. Aun así, la ruta de la legislación secundaria permite modificaciones con mayoría simple que no son menores: la estructura interna del INE, el Servicio Profesional Electoral y la posible desaparición del PREP. El consejero Martín Faz Mora ha advertido que eliminar el PREP inyectaría una sombra de desconfianza innecesaria en los resultados. Un recorte presupuestal al INE por esta vía también pondría en riesgo la organización misma de las elecciones.
El riesgo institucional más profundo recae en la actual Suprema Corte. A diferencia de 2022, cuando la Corte funcionó como contrapeso invalidando el plan B de aquel entonces, hoy su independencia técnica está cuestionada por criterios de afinidad política. Si el nuevo plan B contiene reformas que contradicen la Constitución, existe el temor de que la Corte no garantice la independencia necesaria para declararlas inconstitucionales, permitiendo que las reglas del juego cambien antes de 2027.
Lo ocurrido refleja un cierre alarmante del diálogo legislativo. El Congreso ha pasado de ser un espacio de deliberación a una cámara de ratificación donde las propuestas de la oposición rara vez salen de comisiones. Que esta reforma encontrara resistencia interna es una señal de que el sistema de pesos y contrapesos, aunque imperfecto, sigue vivo. México es un país plural y la representación proporcional existe para garantizar que esa diversidad tenga voz; eliminarla solo sirve para consolidar mayorías.
Lo que viene es un calendario estrecho. El plan B deberá estar publicado a mediados de julio de 2026 para ser aplicable. Al requerir solo mayoría simple, será aprobado sin necesidad de consensos, lo que paradójicamente hace este camino más sencillo para el poder. El episodio de la reforma electoral 2026 quedará como una lección sobre los límites de la soberbia y la importancia de negociar en democracia.
Nuestra democracia llega debilitada a los próximos procesos, no por el fracaso de la reforma, sino por la tendencia a la concentración del poder y el debilitamiento de los órganos autónomos. La democracia no se defiende sola; se defiende con instituciones, ciudadanos activos y reglas que permitan elegir libremente. Conviene prestar atención, porque el instrumento para garantizar nuestra participación política está siendo rediseñado.
*Colaboradora en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey