El colectivo Mujeres en Plural alertó y expresó su profunda preocupación ante la decisión del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) de iniciar un procedimiento por supuestas faltas graves contra las consejeras del Instituto Nacional Electoral (INE), Claudia Zavala y Dania Ravel, por haber solicitado en 2021 el aplazamiento de la consulta de revocación de mandato.
“Alertamos sobre el grave riesgo que implica sancionar retroactivamente decisiones adoptadas en el curso de sus funciones, pues ello erosiona la independencia del árbitro electoral, inhibe criterios técnicos y vulnera la estabilidad institucional del sistema democrático”.
En un comunicado, la organización conformada con mujeres de diversos partidos políticos, académicas, periodistas y de la sociedad civil señalaron que “esta resolución constituye un precedente injusto, desproporcionado y de alto riesgo para la autonomía de los órganos constitucionales y para la integridad de quienes ejercen funciones electorales en estricto apego a la ley.
Mujeres en Plural destacó que la sola admisión del procedimiento —que podría derivar en inhabilitaciones de hasta 20 años o en sanciones administrativas— “revela un uso indebido de mecanismos sancionadores contra funcionarias que actuaron en cumplimiento de sus responsabilidades técnicas, presupuestales y legales”.
En consecuencia, el colectivo externó su respaldo absoluto a las consejeras Claudia Zavala y Dania Ravel, mujeres con trayectoria impecable, reconocidas nacional e internacionalmente por su compromiso con la legalidad, los derechos político-electorales y la defensa de la democracia.
Asimismo, rechazaron la utilización política del órgano de control administrativo para “presionar, intimidar o castigar decisiones institucionales del INE que fueron tomadas en contextos claramente definidos por restricciones presupuestales y criterios técnicos”.
De esta manera, el colectivo exigió garantías plenas para que las consejeras y los consejeros del INE ejerzan su labor libres de presiones políticas, amenazas veladas o procedimientos que busquen castigar la autonomía constitucional.
Finalmente, hizo un llamado al Estado mexicano a asegurar que los procesos administrativos y judiciales relacionados con autoridades electorales se conduzcan con imparcialidad, objetividad y estricto apego a los principios constitucionales, evitando cualquier acto que pueda interpretarse como represalia o intento de captura institucional.