Diputados del PAN, PRI y MC llamaron al gobierno federal a garantizar el derecho constitucional a la protesta sin persecuciones ni reprimendas, en una sesión en la que se colocaron mantas y cartulinas que exigían “¡Libertad a los presos políticos!”.
Los acontecimientos del sábado 15 de noviembre en el Zócalo capitalino continuaron generando cuestionamientos a la actuación de los cuerpos de seguridad federal y local entre las bancadas de la oposición en San Lázaro.
“Las y los mexicanos que deseen manifestarse lo deben hacer sabiendo que tienen su derecho garantizado, un derecho constitucional también garantizado por instrumentos internacionales”, sostuvo la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán (PAN).
Señaló la panista que los servidores públicos que son pagados con los impuestos de los mexicanos tienen el reto de reconocer los problemas que la llamada generación Z denuncian.
“Quien haga algo distinto, quien eche culpas, quien busque justificaciones, quien incluso estigmatice a las y los jóvenes en este país, me parece que está del lado incorrecto de la historia”, argumentó la diputada presidenta.
Por su parte, el jefe de la diputación priista, Rubén Moreira, afirmó que “tenemos hoy presos políticos, no solamente aquí en la Ciudad de México, también en el Estado de Jalisco, donde más de tres decenas de mexicanas y mexicanos fueron a dar al penal de Puente Grande por manifestar sus ideas”
En conferencia de prensa, el coordinador del PRI en San Lázaro afirmó que, en su grupo parlamentario, “repudiamos un Estado que arma los montajes para desvirtuar el discurso político, los desmontajes para estigmatizar a los que se manifiestan y los montajes para victimizarse y convertir a quienes tienen una justa causa en los responsables de algo que ellos no iniciaron”.
El diputado Moreira contó haber solicitado en la Junta de Coordinación Política la comparecencia del gabinete de seguridad para que aclaren de lo sucedido este sábado. “Queremos que venga el director del Centro de Inteligencia (Francisco Almazán Barocio) de este país para que nos diga si sabe o no sabe quiénes son (los provocadores), porque si no sabe quiénes son se tiene que marchar”, alegó.
El exgobernador de Coahuila reiteró que las prácticas utilizadas desde el gobierno para descalificar y perseguir a los manifestantes recuerdan los peores momentos del gobierno de Díaz Ordaz y Augusto Pinochet en Chile.
José Elías Lixa, al frente de los diputados de Acción Nacional, planteó: “Llamamos al gobierno a parar la persecución en contra de muchas y muchos de los jóvenes que protestaron”.
Federico Döring (PAN) lamentó que tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la capitalina guarden silencio frente a los abusos de autoridad que afrontaron los manifestantes. “Se han vuelto defensores de oficio y abogados del poder político”, recriminó.
El diputado panista Héctor Saúl Téllez señaló por su parte que la líder de Morena violó dos normativas federales al difundir datos en contra de unos de los jóvenes participantes en la protesta del sábado: la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, porque ambas, dijo, protegen la divulgación de datos sensibles.