Por. Saraí Aguilar
X: @saraiarriozola
Al parecer, no llegamos todas. La semana pasada, María Guadalupe Martínez, mujer otomí, fue sentenciada a 50 años de prisión tras un proceso judicial en el que no contó con la asistencia de un traductor.
El caso se originó en 2021 cuando presentó una demanda para obtener una pensión alimenticia de su exesposo, y luego fue acusada por su pareja actual de abuso sexual, caso que fue desestimado. Sin embargo, posteriormente acusada por secuestro, supuesto delito que la llevó a su condena .
Durante el proceso penal, Martínez no tuvo acceso a una traducción adecuada al otomí, su lengua materna, lo que limitó su comprensión de los cargos y procedimientos legales. La traductora estuvo presente únicamente el día de la sentencia, situación que ha sido señalada por diversas personas como contraria al debido proceso.
El caso de Guadalupe no es único. De acuerdo con el informe sombra “El acceso a la justicia, asignatura pendiente, demandas urgentes”, el acceso efectivo a la justicia para las mujeres en México está debilitado por la ausencia de un marco legal unificado y las múltiples fallas estructurales en el sistema penal que permiten discriminación, impunidad y revictimización.
Esto quedó evidenciado los días 17 y 18 de junio, cuando el Estado mexicano fue evaluado por décima ocasión ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), en Ginebra, Suiza.
En la comparecencia, el Comité expresó su “profunda preocupación” ante la incapacidad del Estado para presentar evidencia verificable de avances reales en materia de justicia, participación económica, política y eliminación de la discriminación hacia las mujeres (La Jornada).
Por ellos, el Comité señaló la falta de acceso a la justicia para mujeres indígenas en México, destacando obstáculos por género, pobreza, discapacidad o incapacidad legal. La reforma judicial actual podría afectar la independencia y el enfoque de género en los tribunales. Además, la desaparición del INAI limita el acceso a información relevante, y la CNDH muestra deficiencias técnicas, poca interacción con la sociedad civil y bajo rendimiento.
Desde el primer evento oficial de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), mujeres indígenas líderes en sus comunidades demandaron justicia ante los nuevos ministros y denunciaron amenazas, desigualdad, discriminación y falta de oportunidades.
Tras una ‘limpia’ llevada a cabo en su ceremonia inicial, la Corte abrió sus puertas para el evento “Mujeres Indígenas y Afromexicanas en la Nueva SCJN”. Ahí, con la asistencia de los ministros Hugo Aguilar Ortiz, Yasmín Esquivel Mossa, Loretta Ortiz Ahlf e Irving Espinoza Betanzo, las diferentes invitadas pidieron apoyo al máximo tribunal. Apoyo que, al parecer, no llegó.
La lucha por el poder y la reforma judicial llegó para beneficio de unos cuantos, pero no para las mujeres indígenas. Una vez más se ratifica que en este país sólo hay una cosa más vulnerable que ser mujer, y esto es ser indígena y pobre.
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