La Cámara de Diputados aprobó en lo general, y en lo particular con cambios, el dictamen a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Amparo, del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
En lo particular, fue avalado por 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones, el documento que deriva de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
Se devolvió al Senado de la República para los efectos de la fracción e) del artículo 72 constitucional.
Tres reservas aceptadas
Cabe señalar que se interpusieron un total de 307 reservas, de las cuales, la mayoría en San Lázaro solo aprobó las siguientes tres.
Reserva del diputado Julio César Moreno Rivera de Morena para modificar la fracción III del artículo 128 de la Ley de Amparo y cambiar el término de “interés público” por “disposiciones de orden público”. Asimismo, eliminar la fracción V de dicho artículo, el cual señalaba “que de ejecutarse el acto se puedan causar daños de difícil reparación”.
Moreno Rivera precisó que la reserva, a nombre propio y de la diputada del mismo grupo parlamentario, Mariana Benítez Tiburcio, es en atención a los argumentos de las y los ponentes que participaron en los ejercicios de audiencias públicas. Se sustituye el término “interés público” por “disposiciones de orden público”, para “eliminar el concepto confuso de “interés público”, que resulta ajeno al espíritu y a la historia de la Ley de Amparo”.
Consideró que dicho término podría abrir la puerta a interpretaciones amplias o discrecionales que permitan al juzgador negar una suspensión bajo cualquier argumento, alegando que la petición del quejoso atenta contra el interés público.
Se propone –agregó– sustituirlo por una relación técnica y precisa que preserve el equilibrio entre el interés social y las disposiciones de orden público expresado, que al ponderar los efectos de la suspensión frente al interés social y a las disposiciones de orden público, el órgano jurisdiccional advierta que su concesión no cause un daño significativo a la colectividad.
Además, dijo, se plantea eliminar la fracción V que señala “que de ejecutarse el acto se puedan causar daños de difícil reparación”, ya que dicho requisito, además de ambiguo, es incompatible con el texto constitucional y con los principios de progresividad en materia de derechos humanos.
También, se aceptó la reserva de los diputados Ricardo Monreal Ávila de Morena y Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja del PT, para modificar la fracción XVI del artículo 129 de la Ley de Amparo, y que quede: “Se continúe con la realización de actividades o prestación de servicios que requieran de permiso, autorización o concesión emitida por autoridad federal competente, cuando no se cuente con la misma”.
Mejía Berdeja destacó que el cambio es producto de las audiencias públicas que se generaron los últimos días en el tema de suspensión, pues se elimina de dicha fracción “o ésta haya sido revocada o se deje sin efectos, ya sea de manera provisional o definitiva”.
Indicó que la finalidad de dicha enmienda es beneficiar a millones de mexicanos para que cuando tengan el permiso, la concesión o autorización o ese derecho adquirido y venga una revocación o se deje sin efecto, “ahí sí se pueda hacer valer en el juicio de amparo la suspensión provisional, ya que es diferente no tener el permiso a tenerlo y que lo revoquen”.
Por último, se aceptó la reserva del diputado morenista Hugo Eric Flores Cervantes, a fin de modificar el artículo Tercero Transitorio, para establecer que:
“Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos. Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, de conformidad con la doctrina y jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se regirán por las disposiciones de este Decreto, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras”.
Flores Cervantes comentó que esta reserva la presenta a nombre de las y los diputados de su grupo parlamentario, misma que fue comentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y consensuada por su coordinador parlamentario, diputado Ricardo Monreal Ávila, por lo que la nueva redacción del transitorio es un tema de derecho procesal que deriva de una disposición constitucional, en el artículo 14.
Añadió que es poner las reglas claras ante la pregunta de ¿qué pasa con los asuntos de trámite cuando entra en vigencia una nueva ley? Hizo mención que existe jurisprudencia desde hace tiempo a esa pregunta y se ha venido actualizando y sistematizando; los procesos no se agotan en un solo acto, hay etapas y esas generan derechos adquiridos.
Entonces, los asuntos presentados posteriormente –dijo– implican una distinción temporal: lo hecho queda bajo la ley antigua y lo que se haga después bajo la nueva. “Esa es la redacción que estamos proponiendo en el Artículo Tercero Transitorio”.
El coordinador del grupo parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, explicó que esta reserva es impecable y busca disminuir los miles de recursos de impugnación y de solicitudes de nulidad interpuestos por despachos grandes que defienden a empresarios o a gente poderosa.
En este sentido, explicó que “a la fecha existen dos mil 73 créditos fiscales que empresarios poderosos se resisten a pagar, así como dos mil 66 juicios de nulidad pendientes de resolución firme, con un monto superior a los 100 mil millones de pesos solo este año, 100 mil millones de pesos”.
Precisó que el promedio para hacer pagar estos recursos que son del pueblo, del erario, “son de entre 16 y 22 años, para ser exigible un deber ciudadano, una responsabilidad como contribuyente y un pago al erario por sus ganancias y sus utilidades”.
Apuntó que hacia ellos va orientada esta reforma “porque queremos que paguen lo justo para el erario, para la satisfacción de necesidades colectivas que la patria requiere y también para los lavadores de dinero, para los delincuentes de cuello blanco, para la delincuencia organizada”.