Por. Fernando Coca
X: @Fercoca
Una de dos, o los dejan hacer todo o no los dejan hacer nada.
Desde siempre, los partidos que están en la oposición siempre se han quejado de que el gobierno en turno usa las políticas públicas para hacer propaganda en tiempos electorales.
El Artículo 134 constitucional prohíbe la promoción personal de los servidores públicos y la propaganda debe cumplir con objetivos estrictamente institucionales. Además, el contenido de la propaganda sólo puedo ser informativo, educativo o de orientación social y no debe inducir el voto para determinado partido político y, en ese sentido, el uso de los recursos públicos no están permitidos para fines político-electorales para garantizar la equidad en la contienda.
Además de la Constitución, la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el Código Penal Federal castigan con severidad el uso de recursos públicos, humanos y/o financieros, la coacción del voto, la amenaza de cancelar la entrega de programas sociales o usar lo padrones de beneficiarios constituyen un delito grave.
Entonces ¿por qué hay que regular la propaganda de los poderes y los organismos públicos en la nueva reforma electoral que está comenzando a redactar la Comisión Gómez? Simple, nadie respeta la ley.
Creo que tenemos dos caminos para el futuro político-electoral de nuestro país, o los funcionarios públicos participan en las campañas para apoyar a sus partidos y a sus candidatos, o de plano la veda es total y no hay ninguna opción para que hagan promoción de absolutamente nada en tiempo de precampañas y campañas.
Los gobiernos, sean municipales, estatales o el federal, han intervenido, si o si, en los procesos electorales de los últimos 50 años.
Yo estoy convencido de que la participación de regidores, síndico, presidentes municipales, alcaldes, diputados locales y federales, de senadores, gobernadores y hasta la presidenta de la República deberían hacer campaña para sus partidos.
Creo que la ciudadanía saldría ganando. Me explico. Si un alcalde pretende que el candidato de su partido gane la elección y sale a hacer campaña, los ciudadanos tendrán el poder de cuestionar los que no se hizo en el periodo gubernamental que está por concluir. Si se prometió que ya no habría inundaciones y sí las hubo, pues que el gobierno en turno y su candidato expliquen qué les impidió cumplir. Que si la promesa fue la de bajar la incidencia delictiva pero la percepción ciudadana es que hay más inseguridad, pues los presidentes municipales y sus candidatos tendrán que explicar los motivos que los llevaron a incumplir el compromiso.
Aún más, si la elección es estatal o federal, por ejemplo, se puede cuestionar cómo fue que no se construyeron los hospitales, las escuelas, las carreteras y los drenajes que en campaña se ofrecieron.
Para la oposición también sería una ventaja tener a los servidores públicos en campaña para que respondan por lo que no hicieron y que se comprometieron a hacer.
Además, cada participación de un gobernador, un senador, un diputado o un presidente municipal o alcalde, independientemente de dónde haga la promoción de su gobierno, de su partido o su candidato, se debería cuantificar y el resultado de esa cotización se cargaría a los gastos de campaña del partido y de los precandidatos y de los candidatos.
No se va a poder impedir que los que tienen en sus manos los programas sociales, las obras que realiza el gobierno y hasta los trámites que necesitan los ciudadanos dejen de usarse con fines electorales. Entonces, lo que procede es regular la participación de burócratas, de servidores públicos por designación o por elección y que cada intervención desde el servicio público se cargue a la bolsa que financia las campañas.
Así, la contienda sería más transparente, equitativa, imparcial, legítima y legal.
¿Imagínese usted que en campaña a un candidato de X partido se le cuestione el gasto de bailes populares que se hacen de domingo a domingo en las delegaciones de algún municipio y que el ayuntamiento se gastó, digamos, 40 o 50 millones de pesos en esos bailes mientras, en tiempo de lluvias, la zona más poblada se inundó semana tras semana? ¿Con qué argumentos defenderá el candidato a su compañero o compañera de partido?
Partamos de una realidad que se registra cada elección: el uso de los recursos públicos siempre estará presente en las campañas. Si entendemos que eso no va a cambiar, pues entonces pongamos remedio: cada acto de los gobiernos, del nivel que sea, de cualquier poder, incluso, que sea contabilizado a cargo de los gastos de campaña de los candidatos y partidos a los que pretenden impulsar.
Desgraciadamente, la impopularidad de la clase política, con excepciones claras e identificables, puede hacer que un buen candidato pierda la elección por la ineptitud, la corrupción y la mala imagen de quienes dejaran el cargo.