Por. Fernando Coca
X: @Fercoca
Estamos ya, con este texto, a la mitad de los temas que la Comisión Gómez debatirá, dicen, en audiencias públicas con organizaciones sociales y políticas y con expertos en la materia para renovar el sistema político-electoral en México.
Y este séptimo tema, el de la regulación de la competencia político-electoral es, quizá, el que tenga una mayor discusión para establecer los mecanismos que le den equidad, transparencia y legalidad a la contienda tal como se señala en los Artículos 41, 116 y 134 de la Constitución que determinan que la contienda debe ser libre y equitativa.
El 41 define que la soberanía popular se ejerce mediante elecciones libres, auténticas y periódicas para renovar los poderes Ejecutivo y Legislativo (hoy también al Judicial) y designa al INE como un organismo autónomo responsable de organizar las elecciones y regula a los partidos, su financiamiento y los principios rectores de la función electoral como legalidad, imparcialidad y máxima publicidad.
En el 116 se establece la división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Ordena que esa división debe permanecer y que jamás pueden unirse en una sola persona o corporación. También establece que cada estado tiene autonomía para organizar sus gobiernos y poderes con la exigencia de que ministros y magistrados tengan autonomía plena. Además, fija los gobiernos municipales se rigen por representación proporcional. También reconoce a los pueblos originarios dándoles legalidad a sus sistemas normativos y respeto a su diversidad cultural.
Lo que concierne al 134 es el uso de los recursos públicos que impone límites a la propaganda gubernamental y a la promoción de funcionarios públicos para mejorar la equidad en los procesos electorales.
De estos mandatos constitucionales se derivan la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.
De ahí surge el cimiento legal del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación además de los Organismos Públicos Electorales, conocidos como OPLES, que aplican las reglas electorales.
Y es el marco donde se establecen las sanciones para quienes violenten la regulación con castigos que van de multas a pérdida de registros, nulidad de elecciones y hasta responsabilidades penales.
Ahora, ¿qué va a proponer la Comisión Gómez? ¿Hacia dónde va la reforma Constitucional?
El argumento primero es que las elecciones son muy caras. También que el dinero que se destina a los partidos es excesivo y obsceno ante la desigualdad que vive México. También nos argumentan que el “gasto” de la representación popular con diputados, senadores y regidores es muy alto y que por ello hay que disminuir, o eliminar, el número de plurinominales.
Bien. Tengo las siguientes propuestas para que el dinero público y el privado no sean el elemento primordial para ganar elecciones.
1. Fiscalización en tiempo real. Para ello hay que cambiar el marco del reporte de ingresos/gastos. Que partidos, candidatos y proveedores reporten cada 72 horas por medio de APIs abiertas (Application Programming Interface) que es un software que permite que un sistema se comunique con otro de forma segura.
2. Tope al uso de efectivo en campañas mediante umbrales AML (Ante Money Laundering / Prevención de lavado de dinero). Estos es el uso de leyes, controles y reportes para evitar que dinero de origen ilícito -narcotráfico, corrupción y crimen organizado- entre al sistema financiero mediante las elecciones.
3. Intercambio en tiempo real entre INE-SAT-UIF para que se identifican las fuentes de los recursos. ¿Cómo? Con la reducción de las brechas entre gasto estimado contra lo reportado (menos del 10 por ciento permitido); porcentaje de operaciones con CFDI validado (debe se mayor al 95 por ciento) y que la detección de anomalías en un lapso no mayor a los siete días.
4. Neutralidad del gobierno sin pretextos. Se debe cambiar el registro público y en tiempo real de toda comunicación oficial (spots, redes sociales, giras) en tiempos de veda y precampaña. Se debe establecer un semáforo semanal en el que indique que algunas dependencias están en riesgo de propaganda encubierta.
¿Cómo hacerlo? Con protocolos automáticos que eleven a “luz roja” cuando una actividad/gasto se dispare en tiempos sensibles para la competencia electoral. Para incentivar el respeto a la ley tendríamos que establecer sanciones efectivas con la suspensión de las campañas de comunicación y responsabilidad directa a los funcionarios titulares de la dependencia. A esta estrategia de protección a la constitucionalidad del proceso le llamaremos Semáforo 134 (por el artículo constitucional) para que sean resueltas más del 90 por ciento de quejas resueltas antes del inicio de las campañas y si hay reincidencia en dos ciclos electorales por entidad, la suspensión del partido y candidato a participar en el siguiente proceso.
5. Plataformas digitales, Inteligencia Artificial y anuncios políticos. Aquí hay mucho que cambiar. Con una Biblioteca Nacional de Anuncios (radio/tv/redes) incluyendo nombres de creativos, segmentación y montos. Etiquetar los anuncios políticos con la leyenda Contenido Político pagado por… y marcas de agua/metadata en piezas generadas con IA, además de etiquetar a bots y establecer reglas anti-astroturfing. ¿Cómo evitarlos? Mediante lineamientos entre el INE, el organismo de telecomunicaciones (lo que era el IFT) y las plataformas digitales para, en su caso, establecer las sanciones que serán proporcionales al alcance del mensaje. El etiquetado se debe dar al 100 por ciento. El tiempo de respuesta a una deepfake en menos de 24 horas.
6. Pluralidad en medios y debates. Los medios deben cumplir con una cobertura mínima informativa para las fuerzas políticas con representación y las candidaturas indígenas, independientes y de las minorías. Debates inclusivos y múltiples, por región, temáticos, con formatos que no permitan monólogos entre los participantes, sino que se privilegie el intercambio de ideas. Se debe medir el equilibrio de la cobertura y si no se cumple, sanciones para los sesgos sistemáticos en concesionarios públicos y medios del Estado. Que los debates se realicen con sorteos de turnos, réplicas obligatorias y preguntas de la ciudadanía que sean verificables.
7. Blindaje electoral. Seguridad y Crimen organizado: Que la unidad interinstitucional (INE-FGR-GN-UIF) con facultades para congelar flujos sospechosos ligados a candidaturas y campañas. Un mapa de riesgo multicapa (homicidios, extorsión, robos, robo de combustible) que ajuste reglas logísticas y de protección. ¿Cómo? Sustitución de candidaturas ente alto riesgo, Observación nacional e internacional prioritaria en zonas rojas (Sinaloa, Sonora, Veracruz, Michoacán, Tamaulipas, entre otros).
8. Redistritación y representación efectiva. Es necesario redistritar el país. Que no sea sólo es tema de población el que determine la conformación de distrito y que la sobrerrepresentación tenga un límite coherente con la votación que cada opción política recibe. Bajar del 8 al 5 por ciento el tope para la representación sería un elemento más equitativo, más representativo y ello convendría a la pluralidad.
9. Paridad con interseccionalidad real. No debe ser sólo numérica sino sustantiva por demarcación competitiva además de inclusiva.
10. Observación ciudadana. Se debe establecer un Laboratorio Electoral para probar reglas/tecnología en elecciones locales (por ejemplo, uso de urna electrónica). Mediante convenios con universidades y medio hacer auditorias estadísticas y monitoreo de medios.
11. Justicia electoral. Implementar salas en el TEPJF para emitir medidas cautelares en fast-track para eliminar propaganda ilícita, violencia política y descubrimiento de recursos con dinero negro. Establecer criterios de precedente vinculante para evitar los “litigios creativos” repetitivos.
12. Cadena de custodia el día de la jornada. Establecer una cadena de custodia digital (con códigos QR) para las actas de cada casilla. Conteo público por cada casilla con voto del acta y OCR verificable. Para esto, el presidente de la casilla contaría con una app ligada a un portal público para tener un “gemelo digital” de cada acta. El porcentaje de actas debe ser legible al 99 por ciento y las discrepancias deben ser corregidas antes del PREP final.
La Comisión Gómez tiene ante sí un reto formidable para que, en este tema, los cambios se den con la aprobación no sólo con la mayoría calificada que tiene el partido en el poder, sino que cuente con la anuencia y aval de las minorías para darle legitimidad a los cambios que va a proponer. Las aplanadoras legislativas no darán ni equidad, ni transparencia, ni legalidad y, muchos menos, legitimidad democrática sin una participación plural, representativa, democrática del conjunto de expresiones políticas que hay en el país.
La democracia es, en el fondo, el reconocimiento de las minorías y su inclusión en las decisiones del país. El presidente de la Comisión Gómez es el mejor ejemplo de que, la inclusión es posible y es también el punto de partida para que esas minorías se conviertan en mayorías. Abjurar a ese principio democrático tendría consecuencias nefastas para la vida institucional de México.