Por. Saraí Aguilar
X: @saraiarriozola
No saben dónde terminan sus ciudadanos y van a saber dónde terminan sus datos. Es la gran ironía del gobierno mexicano con su paquete de reformas sobre seguridad, desapariciones forzadas y telecomunicaciones aprobadas en el recién concluido periodo extraordinario del Congreso.
Las nuevas leyes, impulsadas por el Poder Ejecutivo, dan a diversas autoridades –las secretarías de Seguridad y Hacienda, la Guardia Nacional, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, entre ellas– facultad plena para poder tener acceso total a datos personales, fiscales, biométricas y de geolocalización proveniente de toda fuente, ya sea pública o privada.
Entre los objetivos, en teoría, está una colaboración para generar inteligencia que permita atacar la criminalidad. No obstante, la duda es si los criminales no serán los que ataquen las bases de datos generadas por un gobierno que decidió por un sexenio abrazarlos y hoy no sabe qué hacer para contener el crimen, al cual, por lo que parece, los apapachos no les bastaron.
Pero hoy, usando de coyuntura Teuchitlán y la transmisión de la propaganda estadounidense en medios, generaron un monstruo. Un conjunto de leyes que pretende ubicar a los ciudadanos en tiempo real, a través de sus teléfonos. Ahora, sin INAI y con un Poder Judicial coptado, se pide acceso a datos de geolocalización. Esto será posible gracias al registro de telefonía móvil. En un transitorio se habla de solicitar la CURP (ahora biométrica) para poder tener acceso.
El tema de fondo es que la combinación de todas estas leyes permitirá al gobierno que, con sólo teclear la Clave Única de un ciudadano, le aparezcan fotografía y huella dactilar, lo cual el día de hoy lo tiene el INE. Y a esto hay que agregar, como denunció la oposición, que también sabrá lo que la gente compra en plataformas digitales tales como Amazon o Mercado libre o comida por Uber Eats.
La gran incógnita es si el doctor José Merino será el encargado de localizar a presuntos desaparecidos a través de la compra de alguna hamburguesa en Rappi o algún producto en descuento en Temu, pues de otra forma no se ve cómo pueda aportar ello a la seguridad nacional. Y también sería interesante saber si la austeridad republicana está dispuesta a invertir los recursos suficientes en la protección de la inmensa base de datos que ya desde ahora debe estar en la mira de hackers que ya los han puesto en jaque (remember Guacamaya Leaks).
Esperemos que al menos las nuevas funciones del gobierno sirvan para decirnos OTRA VEZ cuando pretendamos mandarle algún mensaje a un ex.