Por. Saraí Aguilar
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Aunque parezca un chiste, tuvo que ser un tribunal quien les dijera que no pueden impartir justicia cuando son unos delincuentes.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) invalidará los resultados de las elecciones judiciales en caso de que se compruebe que el candidato ganador fue sentenciado de manera firme por delitos relacionados con la violencia de género o por ser deudor alimentario.
Asimismo, el INE invalidará los triunfos electorales de quienes hayan sido sentenciados por delitos “contra la vida y la integridad corporal”, contra la “libertad y seguridad sexuales”, de violencia familiar y de violencia doméstica, de violencia a la intimidad sexual, de violencia política en contra de mujeres por razón de género, o por ser deudor alimentario.
Y si bien es un paso más hacia el acceso a la justicia de los más vulnerables –tal es el caso de las infancias y adolescencias que son desamparados del ingreso básico por sus padres–, lo que parece una burla es que tales sujetos aspiren a ser quienes impartan justicia.
Pero las leyes deben ser enérgicas no solo con los deudores alimentarios, sino también con los magistrados que los encubren o con funcionarios públicos que se excusan tras el cargo para ni siquiera admitir su paternidad.
Tal es el caso de Ariadna Van Der Kam, abogada y aspirante a magistrada, denunciada por ayudar a deudores alimenticios en Guanajuato a no cumplir sus obligaciones. El colectivo Ley Sabina en Guanajuato señaló a la aspirante a magistrada de usar estrategias legales para evitar que los deudores cumplan con sus obligaciones.
Asimismo está el caso de Juan Carlos Hernández Rath, alcalde de Escárcega en Campeche, del partido Morena, quien se niega a hacerse la prueba de ADN excusándose en sus funciones de alcalde y así seguir sin cumplir con el pago de pensión de su hija de 12 años.
En el mismo camino de impunidad se encuentra Mariano Palacios Alcocer, exgobernador del PRI, por el incumplimiento de la pensión alimenticia de su hija. Pese a resoluciones judiciales en favor de la madre, el exembajador en el Vaticano alega no tener recursos, aunque aparece como socio en empresas.
¿Asombra el cinismo? Sí. No obstante, no es extraño en un país en que las pensiones alimentarias han sido minimizadas y cuando las mujeres exigen su pago son señaladas. Incluso, se considera un acto de sacrificio maternal que ellas asuman el coste total de los hijos, pues no solo se trata de la parte material sino también del tema de cuidados, pues se ven limitadas en su ámbito profesional.
Cabe destacar que en años recientes la actual titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, defendió los derechos políticos de los deudores, al presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de artículos de diversas leyes y ordenamientos del estado de Yucatán que establecían como requisito no ser deudor alimentario moroso para ser titular de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, al considerar que dicho requisito era discriminatorio.
En este escenario, entonces es comprensible que los deudores se sepan protegidos e impunes.