Con 81 votos a favor y 36 en contra, el Pleno del Senado consideró que la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, carece de atribuciones para eliminar, del Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política sobre el Poder Judicial, como lo ordenó la titular del Juzgado Decimonoveno de Distrito en el estado de Veracruz, Nancy Juárez Salas.
El presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, informó a la asamblea que se recibió un oficio suscrito por Ernestina Godoy Ramos, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, por el que formula una consulta a la Cámara de Senadores en relación con la resolución de amparo 823/2024, en el que obliga a la titular del Poder Ejecutivo Federal a eliminar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de dicho Decreto.
Mencionó que el artículo 7º Bis de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales, claramente y sin lugar a duda establece el principio mandatorio de la integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación.
Fernández Noroña dejó en claro que la publicación en el DOF de dicho Decreto fue consecuencia directa e inmediata de las atribuciones excepcionales e inherentes del Constituyente Permanente, previsto en el artículo 135 constitucional.
La respuesta del Senado de la República -indicó el legislador-, fue remitida a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Gobernación.
En el oficio remitido por la Consejería Jurídica se destaca que en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 89, fracción primera constitucional, el Ejecutivo Federal emitió el correspondiente Decreto y ordenó la publicación en el DOF, y, con ello, la reforma sobre el Poder Judicial pasó a formar parte inseparable del texto constitucional vigente.
No obstante, se señala que la titular del Juzgado Decimonoveno de Distrito de Veracruz emitió una resolución, en la que se requiere a la presidenta de la república que proceda a la eliminación de la publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Tal decisión, se subraya en el documento, “es claramente violatoria” de las facultades soberanas del Constituyente Permanente y “pretende obstaculizar” la reforma constitucional al Poder Judicial, por lo que se planteó a esta soberanía la consulta acerca de si es procedente eliminar dicha publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La opinión de la Consejería Jurídica es que no es en modo alguno viable, en virtud de que la publicación es irremisiblemente e irrevocablemente un hecho consumado, por lo que la eliminación ordenada por la jueza de distrito es de imposible realización legal, material y táctica; más aún se incurriría en una flagrante violación al principio de la integridad e inalterabilidad del Diario Oficial de la Federación.
Félix Salgado Macedonio, de Morena, calificó la determinación de la jueza de Veracruz de “absurda” y de “torpeza jurídica”, ya que sólo pretende “violentar” una reforma que ya fue publicada en el DOF. Además, consideró que la opinión de la Consejería Jurídica de la Presidencia es “puntual y justa” para revertir una facultad que no tiene la jueza.
Del PAN, Marko Cortés Mendoza llamó a la mayoría legislativa a actuar con prudencia y no prestarse al desacato, ya que a quien le corresponde “bajar la publicación” de la reforma al Poder Judicial es a la presidenta Claudia Sheinbaum, pues fue quien ordenó su publicación en el Diario Oficial.
Carolina Viggiano Austria, del PRI, planteó que la Consejería Jurídica de la Presidencia, no tiene facultades para solicitar una consulta al Senado para eximir responsabilidades, porque eso “es una forma de torcer la ley”, para no cumplir con el mandato de una jueza que hace uso de sus facultades legales.
De Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich, afirmó que, no le corresponde al Senado tratar este tema, y que “si la Presidencia de la República no está de acuerdo con esa resolución, que la combata por las vías legales”. Además, señaló que la consulta busca hacer “corresponsable” a este Congreso, de un posible desacato de la titular del Ejecutivo Federal.