Por. Saraí Aguilar
La violencia debe denunciarse sin ambages. No obstante, esto pasa al parecer solo en los mundos ideales, en sociedades donde las polarizaciones políticas no empañan la visión.
Esto es lo que está viviendo nuestro país en las semanas recientes, al menos en las redes sociales. Y si bien podríamos pensar que se trata sólo de troles o bots, la realidad es otra.
Son precisamente las figuras políticas que están al frente de nuestro gobierno los que están protagonizando una encarnada disputa sobre si exhibir, difundir y colgar fotos en redes sociales de carácter íntimo de una mujer debe tipificarse como violencia, como si no existiese ya la Ley Olimpia que ellos mismos votaron.
Como para muchos es sabido, en días pasados el caricaturista Garci Monero pensó que era buena idea difundir una imagen manipulada digitalmente de la senadora morenista Andrea Chávez. No conforme con difundirla, decidió etiquetarla con una frase sexista.
Cabe destacar que ésta no era la primera vez que el monero difundía fotografías para vulnerar a las mujeres por su condición de mujeres, pero en esta ocasión la imagen alterada sobrepasó los límites. Por lo cual, de un lado y del otro, pero más del oficialista, saltó el repudio a la imagen.
El monero en un principio se mostró convencido que no incurría en ningún mal, o al menos eso pretendía decir puesto que él no había creado ni modificado la imagen, sino que ya circulaba en redes. Defendía su violencia como un acto de libertad de expresión.
Y algo que en el país donde precisamente surgió la Ley Olimpia debería de ser fácil de resolver, derivó en toda una polémica, que incluyó a senadoras como la panista Lilly Téllez, quien consideró que había sido una torpeza de Andrea Chávez haber publicado una foto con características sensuales que propició la creación de la imagen falsa.
Resulta increíble que, tras batallas históricas en un país donde hemos logrado tener precisamente la primera presidenta mujer en este año, sigue siendo tema de debate si debe ser sancionada cualquier persona que suba una imagen sexualizando a una mujer sin su consentimiento. Resulta muy cuestionable que a alguien se le amenace su libertad de expresión, pero ésta no justifica la violencia digital contra cualquier persona a la que se quiera someter a burlas, desprestigio y escarnio.
Esta discusión es sin duda reflejo de una sociedad polarizada. Con independencia de las críticas que puedan hacerse legítimamente a la senadora Chávez por su desempeño político, no hay manera de regatearle su derecho a denunciar al monero agresor. Y como mujeres, feministas y parte de la sociedad, debemos respaldar la denuncia y unirnos –más allá de filiaciones políticas o de que se trate de figuras públicas y privilegiadas– en un frente común contra la violencia digital.