- Un breve repaso por las modificaciones desde 1815
Por. Fernando Coca
La primera vez que en México se habló de un tribunal de justicia; aunque en ese momento era la Nueva España, fue en 1815 cuando en lo que hoy es Ario de Rosales, Michoacán, se instaló el Supremo Tribunal de Justicia de la América Mexicana. Era un 7 de marzo de ese año y los insurgentes peleaban por la independencia de la Corona Española.
La creación de este tribunal, creado en 1814 por el generalísimo José María Morelos y Pavón, producto de la Constitución de Apatzingán, que desde entonces mandata que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo y que para ser operativa la deposita entre quienes serán sus representantes y que, para su ejercicio deben separase en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
Morelos es, pues, el Padre del Constitucionalismo mexicano al definir que la separación de los poderes permite que ninguna persona puede ocupar la titularidad de más de uno de esos poderes públicos y que la ley sea igual para todos. Y fue Morelos el primero en sujetarse a los designios de la ley.
Después de consumada la Independencia y vencido el emperador Iturbide, la Constitución de 1824 le dio a la Corte Suprema, con independencia de los otros dos poderes de la República.
Durante las guerras intestinas del siglo XIX, fue la Corte el poder que no sucumbió como sí lo hicieron el Legislativo y, por supuesto, el Ejecutivo. Quizá la más grande tarea del poder judicial de esa época fue la Ley de Amparo, propuesta por Mariano Otero.
Los Constituyentes de 1857 le otorgaron más poder para resolver las controversias para garantizar el imperio de la ley.
Era tal el prestigio y el respeto que la nación tenía por sus jueces que, a falta del titular del Ejecutivo, quien lo suplía era el presidente del Poder Judicial.
Benito Juárez fue presidente de la República por primera vez luego del golpe de Estado de Ignacio Comonfort quien apoyó del Plan de Tacubaya (1858). Así, por ministerio de ley, el presidente de la Corte asume la presidencia de México.
En la Constitución de 1917 el Poder Judicial toma el nombre de Suprema Corte de Justicia de la Nación. Divide sus funciones en tribunales de circuito y juzgados de distrito.
A partir de esa fecha, la Corte creció y hubo reformas al Poder Judicial:
En 1928 para aumentar de 11 a 16 el número de ministros por haberse creado la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En 1934 por el incremento de ministros a 21 y la creación de la Cuarta Sala que se encargaba de los temas laborales.
La de 1951-1967 cuando se crearon tribunales colegiados y subió a 27 el número de ministros.
En 1987 hubo otra reforma que buscaba que la Suprema Corte fuera un tribunal de Constitucionalidad y los temas de legalidad fueron delegados a los tribunales de Circuito.
La más controvertida de estas reformas fue la de 1994, cuando se transforma toda la estructura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De 26, se redujo a 11 el número de ministros y se creó el Consejo de la Judicatura Federal.
La 2024 es, quizá, la reforma más profunda que jamás haya tenido nuestro Poder Judicial desde 1815. Uno de los temas más polémicos es el de la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular.
Ese es no sólo un tema operativo, electivo, sino que pondrá a prueba a las instituciones electorales para el diseño, la organización y la calificación de los votos que se emitan para definir a jueces por primera vez en el México independiente.
Los perfiles que se propongan para ocupar un juzgado de entre los miles de profesionales del derecho que querrán participar en el proceso, también pondrá a prueba la politización del pueblo de México. ¿A quiénes quiere el elector como juzgadores o juzgadoras para imponer el imperio de la ley cuando haya que dirimir entre particulares, o del Estado contra particulares o viceversa?
No es un proceso fácil. Lo inédito lo hace, tal vez, incomprensible para muchos. Es la primera vez que los mexicanos elegirán a quienes los van a castigar si comenten una falta a la ley.
Y es que esa es la única promesa de campaña que podrán emitir las abogadas y los abogados que quieren ser ministros, magistrados o jueces: hacer cumplir la ley sin contemplar a quien le aplican las reglas jurídicas que nos rigen.
Este breve repaso por las reformas al Poder Judicial desde la lucha de Independencia pretende ser un incentivo para reflexionar si en más de 200 años hemos tenido justicia verdadera en este país.