Por. Saraí Aguilar
En este país es más rápido aprobar reformas constitucionales que obtener justicia para las infancias violentadas sexualmente.
Eso es lo que nos está probando el caso de Kim, en Mexicali. La denuncia del abuso sexual en contra de Kim, niña de cinco años y alumna del jardín de niños Graciano Viniegra en Mexicali, Baja California, hecha pública por su madre, Dulce CorVal en Facebook, ha derivado en la suspensión de dos maestros, una protesta y la promesa de justicia por parte de la gobernadora, quien sólo tras viralizarse el caso y después de protestas lanzó una publicación en sus redes.
Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California, aseguró que los dos maestros señalados como presuntos responsables han sido separados de sus cargos mientras se realiza la investigación “para llegar hasta las últimas consecuencias”.
“Estoy en contacto con la familia de la niña, quienes han presentado la denuncia correspondiente y cuentan con todo nuestro apoyo para que este caso sirva como ejemplo y que nunca, nadie más se atreva a meterse contra lo más sagrado que tenemos como sociedad, nuestra niñez. ¡HABRÁ JUSTICIA!”, compartió la mandataria morenista.
Un pequeño detalle. El martes 10 de septiembre, Dulce, la madre, interpuso su denuncia ante la fiscalía del estado, en donde revisaron a la pequeña Kim y confirmaron que estaba lastimada de sus genitales. La investigación no tuvo avance alguno ni la misma escuela actuó en consecuencia, y fue solo ante la mediatización del caso que la gobernadora reaccionó cinco días después. Claro, que en esos cinco días que ignoró el caso sí se publicó el reconocimiento a los diputados federales por su aprobación a la reforma del poder judicial, además de darle cariño al presidente saliente publicando infografías de supuestos logros económicos.
Desgraciadamente el caso de Kim no es aislado. De acuerdo con el blog de incidencia de violencia sexual de Redim, los registros de lesiones 2010-2023 de la Secretaría de Salud demuestran que en los hospitales del país se atendió por violencia sexual a 9 mil 802 personas de entre 1 y 17 años durante 2023. Los números corresponden solo a los casos denunciados y atendidos en hospitales, lo que hace presuponer una mucho mayor cifra negra.
Pero hay más. Hace tres años la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) publicó un primer informe sobre la violencia sexual contra niños y niñas en 18 escuelas de siete estados de la República; en 2024 el número de escuelas con el mismo patrón de violencia contra la niñez aumentó 50%, sin que hasta el momento la Secretaría de Educación Pública (SEP) haya tomado medidas para prevenir más agresiones.
De acuerdo con la información presentada en diferentes medios sobre el informe de la ODI, “sólo el 52% de las denuncias por violencia sexual escolar que recibe la SEP son de conocimiento de la fiscalía”, debido a que la dependencia “de manera ilegal establece que será la propia institución quien investigue si existe un delito para luego decidir si da aviso a quien debe investigar”.
¿Y la reforma para que nuestros niños no se toquen, para cuándo?