Por. Ivonne Melgar
El triunfo político electoral del presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum eliminó de manera casi mágica en la conversación pública, el tema uno de la campaña: crisis de seguridad y crimen organizado.
Esa amnesia colectiva, la normalización del mal o acaso la indolencia cultural de quien se ha sometido y se rinde a su inevitabilidad, es parte del éxito de la historia mejor contada de lo que es y debe ser México.
Una historia narrada cotidianamente desde hace casi seis años por el líder social que aún es Presidente, autor del guion de una película cuyo capítulo más aclamado, el plan C, está a punto de ser producido.
Porque son López Obrador y la ahora virtual Presidenta electa quienes nos contaron que el problema del país no era más la violencia criminal, sino un Poder Judicial corrupto que no ha sabido impartir justicia.
Con ese diagnóstico, el mandatario presentó el 5 de febrero el paquete de reformas constitucionales denominado plan C, con iniciativas de varios temas, sí, pero enfocado en descabezar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En la campaña presidencial, Claudia Sheinbaum hizo suyo ese plan, centrando siempre las pilas del discurso en la propuesta de elegir a jueces, ministros y magistrados en las urnas, el punto que Morena ahora denomina “irreductible”, “innegociable”.
El alegato del partido en el poder es que casi 36 millones de votos avalaron el 2 de junio la continuidad del proyecto de López Obrador, el segundo piso de éste que prometió la virtual mandataria electa y la aprobación de la reforma que traería justicia y paz.
Sin embargo, un seguimiento de los foros que la Cámara de Diputados realiza para analizar esa iniciativa nos permite advertir con seriedad que el diagnóstico y la medicina oficialistas nada tienen que ver con la tragedia de las víctimas.
Y es que los problemas de las personas que reclaman justicia frente a los tribunales del país responden a la escasez de personal para atenderlos, a las complicaciones de los procesos, a la falta de presupuesto y en 80 por ciento de los casos, para los que son dirimidos en las entidades, a los escasos márgenes de autonomía de los magistrados estatales frente a las autoridades estatales en turno.
Aunque se ha prometido revisarlo pronto, el tema de la procuración de justicia es, además, el gran ausente en estos llamados Diálogos Nacionales, donde se acusa a los juzgadores de estar coludidos con la oligarquía y hasta con pederastas.
Pero extrañamente nadie, absolutamente nadie, hasta ahora, habló de jueces cómplices de la delincuencia y menos con el crimen organizado, ese elefante en la sala, como le llamó el magistrado electoral Felipe de la Mata Pizaña.
Y es que, desde el sonoro triunfo de los autores del cuento del plan C como la panacea para enderezar las injusticias en México, nadie que tenga expectativa de futuro en el poder quiere hablar de narcos ni de ajusticiamientos y menos de intromisión del crimen en las elecciones.
Hasta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha entrado en la ceguera de taller. Así lo revela el proyecto de dictamen de las impugnaciones de la elección.
Presentado este miércoles por el magistrado De la Mata y su colega Felipe Fuentes, el documento desecha todas las inconformidades señaladas por PRI, PAN y PRD, incluyendo la de la intromisión del crimen organizado en la contienda, con la evidencia de las decenas de candidatos asesinados, ahí donde mandan los que cobran el derecho de piso. No obstante, la realidad se empecina en recordarnos que el elefante en la sala mexicana sigue ahí.
Así sucedió el domingo anterior con el asesinato del comisario Milton Morales Figueroa, un policía ejemplar, según sus colaboradores y jefes: el cerebro de la investigación criminal en la CDMX, mano derecha del futuro secretario federal de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, el estratega de la política que en la materia desarrollará la Presidenta de México.
Su eliminación fue calificada por el periodista más conocedor del tema en el país, Jorge Fernández Menéndez, como “un desafío de los grupos criminales al Estado mexicano y particularmente a la próxima administración de Claudia Sheinbaum”.
Pero, ocupados en el plan C, ni el actual gobierno ni el que viene se tomaron en serio la afrenta. Al menos no lo han hecho pública y frontalmente.
Lo cierto es que, más que relevar jueces y magistrados incómodos para el gobierno, el Estado requiere hacerse cargo de sus insuficiencias estructurales, mismas que están documentadas en un avance del informe del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia, convocado por los ministros de la SCJN.
Una de las conclusiones que ya adelantó la ministra presidenta Norma Piña es que la capacidad de investigación criminal está rebasada. “En todo el país existen altos índices de incidencia delictiva que hacen imposible dar respuestas”, se plantea. El de la Suprema Corte es un reporte digno de ser atendido por el futuro gobierno, aun cuando el embelesamiento de Morena y sus aliados continúe en el autoengaño de que la solución es el plan C.
Pero la realidad del elefante mexicano, ese poder fáctico del crimen organizado comprando autoridades o asesinándolas, sigue ahí, convirtiéndose en noticia mundial. Sea por el amago de Donald Trump de intervenir en México para frenar a los cárteles que, a su juicio, podrían tirar en minutos al gobierno mexicano. O por el operativo de la DEA con la detención del Mayo Zambada y el hijo de El Chapo.