Por. Ivonne Melgar
A dos semanas de iniciados los foros para analizar la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), el reclamo de jueces, ministros y magistrados ya tomó vuelo al grito de “¡no somos corruptos!”.
Aun cuando Morena advierte que elegir en las urnas a los juzgadores es un cambio que se legitimó el 2 de junio, los afectados están alzando la voz.
Ante la enjundia manifestada en Xalapa, por magistradas que le plantaron cara a legisladores y autoridades, el diputado Fernández Noroña les recomendó no caer en la soberbia.
Pero el quinto foro de los llamados Diálogos Nacionales dejó en claro que entre los mil 700 altos mandos del PJF, decenas y quizá cientos han decidido ponerle un hasta aquí al discurso presidencial en su contra.
“No es verdad que los jueces liberan a delincuentes, primero, porque en este país todas las personas tenemos presunción de inocencia y segundo, porque quien no cumple con sus obligaciones legales son las fiscalías”, dijo la magistrada Emilia Molina.
La jueza Gabriela Rolón Montaño y secretaria ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) reivindicó sus orígenes y esfuerzos: “Crecí en una zona ejidal, mi padre trabajó como obrero, mi madre en un hotel. Con mucho esfuerzo lograron que yo fuera a la universidad. Historias similares tenemos los que conformamos el PJF”.
En el mismo sentido, la magistrada Nadia Villanueva Vázquez alegó que en el PJF se sanciona la corrupción. Y reclamó: “Ha sido de dominio público cómo familiares de nuestro actual Presidente de la República están involucrados en este tipo de actos; no sabemos cómo son las sanciones que se han llevado a cabo, sin embargo, a los integrantes del Poder Judicial de la Federación se nos han hecho señalamientos simplemente genéricos y por eso se quiere llevar a cabo una destitución o cese de casi mil 700 juzgadores federales, sin que se nos haya oído y vencido en un juicio previo”.
La magistrada Selina Avante Juárez planteó: “Nosotros trabajamos por los derechos humanos y hemos sido premiados desde hace muchos años como institución por la tutela de los derechos de todos, mujeres embarazadas, mujeres sometidas a violencia, niños, adultos mayores, pobreza extrema, poblaciones lésbico gay, matrimonios del mismo sexo, autodeterminación. Hemos protegido a todos por igual y siempre en suplencia de la queja por los más vulnerables”.
Al escuchar a las magistradas, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez expuso: “Considero que oponer resistencia tampoco ayuda ni abona a la elaboración de esta iniciativa”.
Debe aclararse, sin embargo, que en la disección de la propuesta presidencial de crear un Tribunal Disciplinario que castigaría a los juzgadores ajenos a la protección “del interés público”, hubo académicos y defensores de derechos humanos que prendieron las alarmas.
Laurence Patín, de la Fundación para la Justicia, sostuvo que ese mecanismo que busca ser correctivo se convertiría en una auténtica “cacería de brujas” y el constitucionalista Manlio Fabio Casarín León advirtió que crearía incentivos perversos para perseguir a quienes no se asimilen a las decisiones políticas del régimen en turno.
De los 12 invitados, sólo dos asumieron como benéfico el cambio con respecto a lo existente en el CJF, pero en ambos casos hubo señalamientos críticos.
Jacobo Mérida Cañaveral, exdirector de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, definió que no se trata de una reforma laboral ni de justicia, sino política.
Y el secretario de la sección 34 del sindicato del PJF, Enrique Galicia López, dirigiéndose a los agremiados, amagó: “Advertimos que, si no serán respetados nuestros derechos laborales, incluida la carrera judicial, tengan la certeza de que vamos a convocarles a la manifestación, a la protesta como ellos lo están planteando”.
Y es que, por más promesas del gobierno y Morena de que sus derechos serán respetados, entre los 54 mil juzgadores, secretarios, actuarios y oficiales, entre otros cargos especializados, que conforman al PJF, ronda la incertidumbre.
Por eso ayer, en cada centro de justicia de las 32 entidades, expresaron su rechazo a la criminalización que entraña la reforma y que padecen desde el Poder Ejecutivo.
Es un hecho inédito que la jueza Juana Fuentes Velázquez, directora de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito del PJF, protagonizó en el Palacio de Justicia de San Lázaro, asegurando que están de pie y que la dignidad del sector no será minada ni se cruzarán ante una reforma que pone en riesgo la democracia y pondría de rodillas a la República.
“Si se decidiera no oírnos y, peor, oírnos para no ser escuchados ni nosotros ni aquellos que también deben ser tenidos en cuenta, y así se aprobase la reforma, las mujeres y los hombres que trabajamos en los tribunales y juzgados del país habremos de considerar las vías de acción que se requieran para enmendar el despropósito”, anunció la jueza Fuentes.
Hubo en Xalapa y en toda la República enojo, frustración, impotencia ante la inminente demolición.
Esa enjundia con la que este viernes defendieron sus quehaceres y mecanismos institucionales obliga a imaginar a dónde irían a parar esos agravios después del despido masivo.
Lo que ahora queda claro es que, de concretarse la reforma tal como está, el gobierno de Claudia Sheinbaum tendrá como prólogo el ajusticiamiento cultural de una generación de juzgadores. Pero todo indica que también su resistencia.