Por. Marissa Rivera
Antes de llegar a la Presidencia su objetivo era muy claro: socavar al Poder Judicial, porque al Legislativo ya lo tenía sometido.
Desde que era jefe de Gobierno de la Ciudad de México ya existía un encono con ministros, magistrados y jueces. El argumento, su eterna y atropellada narrativa de la corrupción que hoy permanece intacta bajo su auspicio y protección.
En el capítulo 12.4 de su libro Dinastías. Dos familias, una nación, Ramón Alberto Garza narra el momento en que le mostró un video al presidente Andrés Manuel López Obrador, donde el titular de una secretaria, a través de personal de confianza, extorsiona a un empresario con el 15 por ciento del contrato de una licitación.
La evidencia, relata Ramón Alberto, era demoledora. Y entonces el presidente le dijo:
– (AMLO): Publícalo tú en Código Magenta y actuaré en consecuencia.
– (RAG): Solo falta garantizarle al empresario su calidad de testigo protegido.
– (AMLO): Fíjate que eso no puedo hacerlo.
– (RAG): ¿Por qué, presidente?
– (AMLO): Porque la Fiscalía General de la República es independiente y lo que me pides no está en mis manos cumplirlo.
– (RAG): ¿Estás hablando en serio, presidente?
Después de un largo silencio, el diálogo terminó y con ello la relación entre el periodista y el presidente.
Ese es uno de los cientos de ejemplos que muestran que el combate a la corrupción fue mentira. O tal vez no aclaró que su propósito era combatir la corrupción de los otros y no de los suyos.
El 8 de agosto cuando recibió su constancia de presidente electo, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación volvió a mentir: “no habré de entrometerme de manera alguna en las resoluciones que únicamente a ustedes competen”.
En ese momento reveló su verdadero plan al decir lo que no haría y que años después terminó haciendo.
“El nuevo gobierno no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad encargada de impartir justicia será objeto de presiones. El ejecutivo no será más el poder de otros poderes ni buscará someter a otros poderes”.
Sin embargo, un año después el primero en caer fue el ministro Eduardo Medina Mora. Bajo presión fue obligado a renunciar a su encargo en octubre de 2019.
Después, López Obrador reconoció que intervino en decisiones del Poder Judicial cuando lo presidia Arturo Zaldívar: “pensando en los intereses generales, justicia y proteger a los ciudadanos, hablaba con los jueces para advertirlos de malas averiguaciones realizadas por el Ministerio Público”.
Antes, sin éxito, ambos intentaron, por encima de la ley, darle a Zaldívar una extensión de mandato por seis años, en lugar de cuatro.
Fracasaron, pero no cesaron.
Arturo Zaldívar concluía su encargo en noviembre de 2024, fecha en la que la que Claudia Sheinbaum tendría el derecho de elegir a un nuevo ministro.
Pero, para otorgarle una elección más a su “amigo”, le brindó el quinto del sexenio, al renunciar un año antes de terminar su mandato y dejar una vacante que de inmediato cubrió el presidente con una persona que no tuvo el respaldo del senado, ni los conocimientos para estar ahí, Lenia Batres Guadarrama.
De manera que el presidente propuso cinco ministros. Además de la ya mencionada, fueron Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortiz Ahlf.
Dos de esos cinco, González Alcántara y Ríos Farjat han sido denunciados por López Obrador de traición al no apoyar sus posturas.
De ahí la obsesión del presidente por destruir a una de las instituciones que al final de seis años fue su único contrapeso: el Poder Judicial.
La ocurrencia logrará su objetivo, pero con un terrible riesgo. Que el pueblo elija y del pueblo emergerán los poderes fácticos, principalmente, uno de los protagonistas de la elección presidencial, el crimen organizado.
La reforma pasará sin ningún problema. Tienen todo el poder y todo el control para doblar a dos de 44 senadores de oposición.
¿Quiénes serán? ¿Dos priistas? ¿Dos de MC? ¿Un panista y un priista? ¿Dos panistas? ¿Dos perredistas?
Las cartas están en la mesa.