El Instituto Nacional Electoral (INE) ha implementado diversos mecanismos para la erradicación de casos de discriminación y de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG), principalmente en el marco del Proceso Electoral 2023-2024.
Durante la conferencia de prensa La perspectiva de género como herramienta contra la violencia política, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Rita Bell López Vences, explicó que el Instituto ha llevado a cabo diversas acciones para atender este tipo de violencia, entre éstas, el Protocolo para la Atención de la VPMRG, así como el Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Asimismo, el mecanismo 8 de 8 contra la violencia, los lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales modifiquen sus documentos básicos para la prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y el Programa Piloto de atención de VPMRG con enfoque intercultural e interseccional.
Respecto a este último mecanismo, la Consejera López Vences detalló que al 28 de mayo se ha brindado atención a 17 mujeres. De este total, 14 son candidatas, de las cuales siete corresponden a violencia política en el marco del Proceso Electoral Federal 2023-2024. López Vences añadió que a todas las usuarias del programa se les brindaron los servicios psicológicos y jurídicos correspondientes.
Además, dio a conocer que mediante este programa se identificarán áreas de oportunidad para mejorar la atención ante este tipo de violencia, ya que, indicó, para las víctimas que son candidatas es complicado realizar la denuncia correspondiente, debido a que se interrumpían sus actividades de campaña. Lo anterior, las dejaba en desventaja en la contienda electoral, añadió.
Por otra parte, López Vences recordó que la implementación del mecanismo 8 de 8 contra la violencia, el cual considera ocho supuestos por los que, en caso de contarse con sentencia firme, la persona no podría ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, consistió en un proceso de verificación por dos vías: la información proporcionada por la ciudadanía y por las autoridades e instancias correspondientes.
Con relación a ello, mencionó que se requirió información a 52 autoridades jurisdiccionales y administrativas en los 32 estados del país, de los cuales respondieron al menos un requerimiento 47, lo que representa un porcentaje de respuesta del 90.4 %.
Por ello, recalcó que aún no concluye el proceso de verificación, debido a que se está recibiendo información adicional que se comparte con los consejos locales y distritales para que se consideren en los análisis sobre la elegibilidad, al momento de calificar la elección y previo a la entrega de constancias de mayoría.
La Consejera Electoral indicó que también se han aplicado acciones afirmativas a favor de personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero, las cuales fueron postuladas a candidaturas de manera paritaria.
Paridad en gubernaturas como principio rector
Por su parte, la Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, Flor Dessiré León Hernández, aseguró que “la paridad en las gubernaturas se ha consolidado como un principio rector de este proceso y todo esto abona para avanzar de una democracia paritaria cuantitativa a una democracia paritaria cualitativa. Ése es el gran llamado, que este proceso electoral, además se caracterice porque sea libre de violencias para las mujeres”.
Finalmente, la Coordinadora del Programa Piloto de atención de VPMRG con enfoque intercultural e interseccional, Elizabeth Benítez, puntualizó que éste no sólo contempla la necesidad jurídica que tienen las candidatas, sino también la atención psicosocial. Es decir, el servicio psicológico que se les proporciona a las usuarias para identificar factores de riesgo y, a la par, dar acompañamiento desde un enfoque más humano debido a la situación de violencia en la que se encuentran.
De igual forma, destacó que se cubrió el 100 % de las entidades federativas para que las mujeres conozcan el programa piloto e identifiquen situaciones de violencia, con el fin de poder canalizar los casos en el marco de las competencias, de manera urgente y desde un enfoque de género e interseccional.