Diputadas y diputados del PAN, PRI y PRD presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma a diversas leyes sobre el sistema de pensiones, por el que se crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, para evitar que el gobierno se quede con 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años.
En conferencia de prensa en el Senado de la República, en el marco de la Comisión Permanente, el diputado Rubén Moreira Valdez, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, aseguró que las y los integrantes de esas bancadas, así como las dirigencias nacionales de sus partidos, esperan un procedimiento rápido.
Señaló que debe llamar a sospecha que sólo se ha publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto en materia de pensiones, y no los referentes al derecho de amparo y la amnistía, también aprobados recientemente en el Congreso de la Unión.
“Estamos esperando a que publiquen las otras dos leyes para poderlas impugnar. Algo están pretendiendo hacer, pero como les urgía quedarse con el dinero de las Afores la tuvieron que publicar”, añadió.
Apuntó que el saqueo de las Afores se da de manera “increíble”, porque corresponde a que México está quebrado, ya que “hace una semana llegaron los precriterios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde no solamente confirman que este año son 2 billones de pesos de déficit, sino que anuncian que el año que entra este país va a requerir otro billón de pesos si no cambiamos la realidad que estamos viviendo”.
Por su parte, el diputado Jorge Romero Herrera, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, subrayó que la acción de inconstitucionalidad se realizó con base en el artículo 14 de la Constitución Política y el 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que señalan que nadie podrá ser privado de sus propiedades mediante un juicio.
Asimismo, refirió que el artículo 16 constitucional establece que nadie podrá ser molestado en su persona, en sus bienes, en sus posesiones, sino mediante actos de autoridad que fundamenten y motiven el procedimiento; “a nadie se le notificó que retiraron su dinero”.
Argumentó que en el artículo 22 constitucional se indica que está prohibido en México la confiscación de los bienes, y subrayó que en dicho “fondo público no especifican rendimientos y eso se llama un perjuicio”.
“Estamos absolutamente convencidos y convencidas de que la Suprema Corte de Justicia habrá de fallar no a favor de la oposición, sino de miles de personas que quizá ni siquiera saben que les acaban de sustraer sus recursos”, expresó.
En su oportunidad, la diputada Elizabeth Pérez Valdez, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del PRD, enfatizó que la oposición está defendiendo los derechos de las y los trabajadores en este país.
“Lo que hacemos al presentar esta acción de inconstitucionalidad es defender el patrimonio de las y los trabajadores, que les ha costado tanto trabajo a quienes en algún momento de sus vidas pudieron construir un patrimonio propio a través del esfuerzo y los años vertidos en un trabajo, y hoy desde el Gobierno Federal se les está queriendo robar”, dijo.
Consideró que la reforma es una acción autoritaria “por parte del gobierno, que no quiere reconocer esto que hoy se hace público, que el país se encuentra en bancarrota, y para tratar de sanar el partido oficialista le está prácticamente robando a las y los trabajadores”.
Moreira Valdez se pronunció en contra de la reforma que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, porque la iniciativa aprobada en el Pleno de la Cámara de Diputados no establece lo que el Presidente informó públicamente.
Romero Herrera dijo que se debe atender el tema de las pensiones, porque es su trabajo; sin embargo, “estamos convencidos de que robándole sus ahorros a la gente, no”.
Pérez Valdez sostuvo que están en tiempo y forma para presentar dicho recurso legal. “De este lado de la oposición no aprobamos algo sin conocerlo, lo estudiamos a fondo, generamos todos y cada uno de los argumentos para poder debatir. Esa es nuestra responsabilidad, presentarla muy bien construida, porque le tenemos que dar a nuestra Suprema Corte todos los elementos para que pueda estudiar lo que se está violentando en la ley”, sostuvo.