Este 17 de mayo se conmemora el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, una fecha significativa que marca el 34 aniversario de la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Desde entonces, cada año, esta fecha se utiliza para promover una cultura de inclusión, denunciar la discriminación y avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQ+ en todo el mundo.
Para abordar esta problemática, es fundamental impulsar políticas de inclusión y reconocimiento. En nuestro país, la discriminación por razones de raza, sexo, religión, nacionalidad, entre otras, está sancionada, y actualmente se plantea como iniciativa de ley prohibir y sancionar a quienes promuevan las llamadas “terapias de conversión”.
Los transfeminicidios son el resultado de estructuras económicas y culturales que estigmatizan, precarizan y marginan a las personas LGBTTTI. Estos crímenes reflejan una violencia misógina que se manifiesta diariamente en discriminación en espacios laborales y sociales, y en discursos de odio que fomentan la impunidad y la falta de justicia.
La orientación sexual no debe ser motivo de discriminación ni una barrera para el desarrollo personal de nadie.
El tema del Día Internacional contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia de este año, “Que nadie se quede atrás: Igualdad, libertad y justicia para todos”, subraya la urgente necesidad de abordar la persistente discriminación, violencia y marginación a la que se enfrentan las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer (LGBTIQ+) en todo el mundo.
Casi una década después de que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible hiciera de “No dejar a nadie atrás” un principio definitorio de nuestras acciones colectivas en favor de un cambio positivo, observamos avances satisfactorios. A finales de 2023, más de 100 países habían adoptado medidas proactivas para salvaguardar los derechos de las personas LGBTIQ+. Las reformas legales en 35 Estados Miembros de la ONU han introducido la plena igualdad matrimonial para las parejas del mismo sexo. En 43 Estados miembros de la ONU está prohibida la discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género o características sexuales.
Sin embargo, la persecución contra las personas LGBTIQ+ continúa a niveles alarmantes en muchos países. Persisten tendencias contrarias a la homosexualidad, así como la criminalización explícita de las relaciones entre personas del mismo sexo. También se ha producido una oleada de esfuerzos legislativos para restringir los derechos de las personas transgénero, y el auge de las leyes “antipropaganda”. Solo 37 Estados miembros conceden formalmente asilo a las personas que han sufrido discriminación por motivos de orientación sexual, identidad de género, expresión de género o características sexuales. Además, en situaciones de crisis, los grupos marginados, incluidos los grupos LGBTIQ+, tienden a sufrir las peores consecuencias de esas crisis y, sin embargo, se les niega sistemáticamente la asistencia que tanto necesitan.
2024 es el año electoral más importante de la historia, lo que supone una oportunidad única para exigir la rendición de cuentas de los responsables de la toma de decisiones y de quienes detentan el poder. Es el momento de desmantelar los sistemas opresivos, promover reformas legislativas y políticas inclusivas que protejan los derechos, y fomentar la inclusión, la participación y el liderazgo de las personas LGBTIQ+ en el proceso democrático como el único camino para lograr la igualdad, la libertad y la justicia para todos.
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