Con el propósito de garantizar la participación política de las mujeres en condiciones de igualdad y libres de violencia, tanto en los procesos electorales como en el ejercicio de los cargos de elección popular, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instaló la Defensoría Pública Electoral Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política en Razón de Género.
Dicha Defensoría proporcionará servicios serán gratuitos, a petición de parte y en modalidades presencial o por medios digitales.
Con ello, el Tribunal Electoral amplía sus puertas para atender temas de violencia política de género y de paridad, aseguró la magistrada presidenta de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto, quien añadió que se trata de un hecho relevante tanto para la justicia electoral como para el TEPJF pero, sobre todo, para las mujeres que deciden dedicarse a la vida pública, porque ese camino no es necesariamente fácil.
Al encabezar la instalación de la Defensoría, única en su tipo en América Latina, expuso que las mujeres deben seguir participando en la política mexicana, pero acompañadas de instituciones que las apoyen. De ahí la importancia de la creación, consolidación y apertura de la Defensoría para las Mujeres, pues señaló que desde que hay paridad ha aumentado la violencia política hacia las mujeres.
El nuevo organismo, expuso, es una respuesta a las resistencias para brindar una justicia integral, paritaria e inclusiva.
El magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña sostuvo que, a pesar de las acciones que el TEPJF ha realizado durante varios años sobre este problema, la creación de la Defensoría es la concretización de un eslabón que estaba ausente, pues asegura la justiciabilidad y el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres al darles acceso a una asesoría jurídica calificada, elemento fundamental de la tutela judicial efectiva.
Aseguró que romper el techo de cristal no es suficiente y que la creciente presencia de mujeres en cargos de toma de decisiones, donde pueden ejercer sus derechos político-electorales, debe estar libre de toda violencia, por lo que celebró la creación de la Defensoría que, dijo, servirá para que toda víctima de VPG tenga un lugar a dónde acudir y pueda tener un efectivo acceso a la justicia.
El magistrado de la Sala Superior, Felipe Alfredo Fuentes Barrera, afirmó que los tribunales electorales de todo el país han construido con los años un entramado jurídico y normativo que trata de atacar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Resaltó que, en el combate de este fenómeno social, México es pionero y cuenta ya con un sistema normativo robusto y muy actual.
Tras destacar que, mientras el Instituto Nacional Electoral (INE) advirtió el 27 de marzo pasado que existe un aumento de quejas por violencia política en razón de género, Fuentes Barrera informó que el TEPJF tiene 389 registros por esta causa y 343 personas sancionadas, lo que ha servido para monitorear y castigar este fenómeno social.
La Defensoría Pública Electoral Especializada en la Atención de Asuntos de Violencia Política en Razón de Género tiene como su primera titular a María del Carmen Carreón Castro.
Asimismo, integran el primer equipo de defensoras especializadas Araceli Catalán Vázquez, Irina Cervantes Bravo, Ana Fátima López Bravo y Viridiana Aguilar Linares.
En la instalación de la Defensoría participaron la consejera del INE, Norma Irene de la Cruz Magaña, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman Zylbermann y la presidenta nacional de la Colectiva de Mujeres 50+1, Claudia Corichi García.
La Defensoría brindará el servicio de representación jurídica en asuntos de paridad y violencia política que son de competencia exclusiva de las Salas del TEPJF; de asesoría jurídica en asuntos de paridad y violencia política que corresponda a autoridades jurisdiccionales locales y administrativas. Además, brindará orientación en las consultas que no requieran de los anteriores servicios.
La Defensoría es un órgano auxiliar de la Comisión de Administración del Poder Judicial de la Federación y cuenta para el desempeño de sus funciones con autonomía técnica y operativa. Su creación y funcionamiento se realizará con los recursos del TEPJF, por lo que no implicó ningún incremento presupuestal.