Por. Gerardo Galarza
De acuerdo con los usos y costumbres de su antiguo partido, el sexto año de gobierno de un presidente de la República era el primer año de su sucesor designado por él mismo, por su dedo.
López Obrador ha hecho caso omiso a esa tradición. Es muy probable que la razón lo asista para no seguirla. Su candidata, suya de él, que su partido aceptó como el PRI aceptaba a los designados por el dedo presidencial, no despega en el ánimo popular a menos de cuatro meses de la elección, aunque las encuestas publicadas en la prensa nacional le otorguen una amplia ventaja.
El presidente, que no es ningún tonto en materia de política mexicana, lo sabe y ha decidido romper la regla de ese sexto año de gobierno que además –un plus, dirán los jóvenes- le permite intervenir como nunca y como nadie en el proceso de la sucesión presidencial.
Sabe que contrario a los encuestas que un día sí y otro también se publican los medios de información tradicionales y en las redes sociales, la candidata del gobierno no tiene asegurado el triunfo electoral y él cree que debe salir a su rescate, como ningún presidente surgido de su antiguo partido lo hizo.
La tradición priista, la sigue encarnado López Obrador, establece también que el candidato, en este caso (calma, calma no se alebresten los defensores del sexo) candidata del partido oficial, establece que el ungido (ungida) debe de “romper” con su antecesor, aunque sea de a mentiritas. Es decir, públicamente deslindarse del gobierno vigente, que no habrá continuidad; que el próximo será un nuevo gobierno, encabezado por quien ahora sí será la Mesías que resolverá todos los problemas del país y de todos y cada uno de sus ciudadanos, a los que por fin les hará justicia la revolución. Lamentablemente tienen igual esperanza muchos de aquellos quienes votarán por la candidata de la oposición.
De eso se tratan los 20 iniciativas legales que anunció el presidente el 5 de febrero, aunque él sepa que 18 no tienen oportunidad alguna de ser aprobadas en el actual Congreso de la Unión. Pero por lo pronto ya logró que la oposición le haga el juego al apoyar la populista reforma al sistema de pensiones para que presuntamente ahora los mexicanos se pensionen con el 100% de su salario. Sí, una propuesta populista y absolutamente electorera: imagine usted a una candidata presidencial diciendo que no apoya esa “propuesta” por su inviabilidad económica. Pues no, si lo dice perderá votos.
Y el presidente no está dispuesto a ello. Sabe y apuesta a que cuenta con entre 17 y 30 millones de votantes beneficiarios (comprados) con becas y pensiones gubernamentales, pero ahora no cree que le garanticen el triunfo y entonces hay que hacer una nueva campaña, como ya la hace.
Hasta hoy la oposición no se ha dado cuenta que lo que debe buscar es el voto de aquellos que, elección tras elección, no acuden a las urnas, los abstencionistas que creen que las políticas públicas no les afectan… hasta que se dan cuenta cuando ya no pueden hacer nada.
Las estadísticas no mienten, no son encuestas, y dicen que si esos abstencionistas de siempre salen a votar, la oposición tendrá un mayor margen de probabilidades de victoria.
Ese es el reto de la candidata opositora: convencer de votar a quienes no votan, aunque ya haya convencido a muchos otros, aunque los partidos que la apoyan no sean ninguna garantía, ni siquiera una ilusión.