Por. Elena Chávez
Nada pudo detener el misil que desde Estados Unidos le fue lanzado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de que en su larga campaña como candidato presidencial recibió del Cártel de Sinaloa entre 2 y 4 millones de dólares a cambio de protección si ganaba la elección de 2006, para que siguieran moviéndose, como lo hacen hoy, con total libertad para comercializar la droga.
Las sospechas que nacieron entre millones de mexicanos a raíz de su estrategia de “abrazos y no balazos”, de recibir dinero del narcotráfico se confirmaron con la información publicada por Anabel Hernández, Tim Golden y Steven Dudley en sus respectivos medios. Los tres señalaron que una investigación de la DEA (Administración de Control de Drogas) entre 2010 y 2011 arrojó que el Cártel de Sinaloa había aportado al tabasqueño entre 2 y 4 millones de dólares para su campaña presidencial de 2006, cuando “El Chapo” vivía su época dorada en México y sus lugartenientes, los Beltrán Leyva eran quienes cerraban los tratos con quien, aparentemente, sería el triunfador en la contienda electoral.
López Obrador enfrentó la acusación, no de los periodistas, sino de la DEA, con el rostro descompuesto y un nerviosismo que pocas veces deja entrever. No desmintió la versión, sino reviró que la instancia gringa estaba “filtrando” información de cuando hizo su primer campaña presidencial que, finalmente, fue, de acuerdo al INE, ganada por su némesis, el panista Felipe Calderón.
De inmediato los periodistas a su servicio iniciaron una campaña de linchamiento contra los periodistas que publicaron la investigación que la DEA estaba realizando en 2010 a dos gentes muy cercanas al tabasqueño: Nicolás Mollinedo, su exjefe de logística y chofer al mismo tiempo, y Mauricio Soto que, de acuerdo a los hechos, fue quien aceptó ante los detectives estadounidenses que la transacción se había llevado a cabo con éxito. El misil dio directo al corazón del mandatario mexicano que trató de desviar el tema con las frivolidades de todas sus mañaneras. No lo logró.
Las redes sociales explotaron con el Hashtag #Narcopresidente y los medios internacionales abordaron el tema de manera directa, mientras los nacionales, como acostumbran, se alinearon para no hablar de la aportación generosa del Cártel de Sinaloa a la primera campaña presidencial de López Obrador, quien ya había saqueado la Ciudad de México con el apoyo de Marcelo Ebrard para inyectarle cash a su “austera” campaña a pie, como decía, recorría el país.
Como suele suceder cuando se trata de minimizar los actos de corrupción del gobierno del tabasqueño, sus personeros buscaron a los periodistas para tratar de que se desdijeran, en especial con Anabel Hernández, quien tiene una trayectoria de más de dos décadas investigando a los cárteles mexicanos. Las pruebas, le exigió Julio Hernández, conocido como Astillero, a Anabel, quien sostuvo su escrito y le recriminó que cuando se trató de acusar a Genaro García Luna, no solo le creyeron, la subieron a un altar como la mejor reportera de investigación sobre temas de narcotráfico.
¿Pruebas? Los indicios eran muchos: llamar “señor Loera” al narcotraficante, liberar a su hijo Ovidio el 17 de octubre de 2019, cuando ya lo habían agarrado elementos de la SEDENA en Culiacán; saludar a María Consuelo Loera, madre del delincuente en su lujosa camioneta; compartir los alimentos con los lugartenientes que custodiaban a la señora y sus innumerables visitas a Badiraguato, tierra de narcos, que López Obrador dijo ser de “buenas personas” y donde querían construir un museo en honor de los más famosos traficantes de drogas.
¿Pruebas? Es muy cínico de parte del tabasqueño exigir a los periodistas que presenten pruebas de los millones de dólares aportados a su campaña cuando los narcos no manejan cheques ni transferencias, todo, absolutamente todo, lo hacen como a él le gusta, en cash.
Recuerdo que en mi primer libro El Rey del Cash narré que en una ocasión le pregunté al hoy subsecretario de Asuntos Religiosos de la SEGOB, César Yáñez, el por qué el narco no les hacía nada cuando transitaban por las carreteras más peligrosas de México siendo López Obrador candidato presidencial del Partido de la Revolución Democrática en 2006, la respuesta fue “hubo un acuerdo”. El acuerdo secreto del presidente ya se reveló: millones de dólares de “El Chapo”, entregados por Arturo Beltrán Leyva, a su exchofer y jefe de logística, Nicolás Mollinedo y a Mauricio Soto Caballero, para que los narcos, entre los que figuraba también Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, tuvieran el privilegio de vetar a quien se nombrara como Procurador General de la República.
El acuerdo entre Andrés Manuel López Obrador, a través de sus operadores, ya saben que él manda a sus lacayos para protegerse, lo obligó a cuidar al mayor narcotraficante de todos los tiempos, “El Chapo”, o mejor dicho, el señor Loera, que se encuentra purgando condena perpetua en la prisión federal ADX Florence en Colorado, la cárcel, dicen, más segura de Estados Unidos y el mundo.
“El Chapo” Guzmán es el preso número 377 y vive en una celda de tres por dos metros. López Obrador, incluso, fue gestor de las visas humanitarias para que la madre del narco y su hermana fueran a visitarlo unos meses después de haber sido encarcelado.
Este capítulo del pasado de Andrés Manuel López Obrador no se ha cerrado, es más, se espera que en unas semanas salga nueva información de la relación amorosa del presidente con el crimen organizado. La pregunta entonces sería: ¿cuál será el final del tabasqueño cuando deje de tener fuero?