Por. Ivonne Melgar
Tres resoluciones al hilo en tres tribunales diferentes esta semana marcaron límites al gobierno y a su partido, como evidencia de que los esfuerzos oficiales por capturarlos aún no logran su cometido.
Son suspensiones y sentencias que jueces, magistrados y ministros dictaron y votaron sustentando sus argumentos en leyes y artículos de la Constitución que este lunes cumple años.
Los límites que esas resoluciones le fijan al poder gubernamental y a Morena son evidencia suficiente para comprender el porqué de tantas reformas que López Obrador presentará este lunes de febrero.
Y es que, en el 107 aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo federal dejará en claro que ésta se ha convertido en una camisa de fuerza para sus pendientes.
Vayamos, por orden cronológico, a cada uno de los tres casos.
El martes 30, un tribunal federal confirmó la suspensión definitiva que, desde agosto del 2023, en teoría, impide al mandatario atacar en sus conferencias a la presidenciable opositora, Xóchitl Gálvez.
¿Qué significa esto? Que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República será informada de la improcedencia del recurso que interpuso para invalidar un primer amparo que ganó Gálvez en contra de la difusión que se hizo de sus datos fiscales y financieros.
De acuerdo con lo informado por el periodista Víctor Fuentes, en el portal de Reforma, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado confirmó el 26 de enero, en sentencia inapelable, la suspensión concedida por el juez Martín Santos, como parte de un amparo promovido por la candidata presidencial opositora, luego de que López Obrador reveló detalles financieros de las empresas de Gálvez.
La resolución dicta que el Ejecutivo federal “se abstenga de seguir llevando a cabo cualquier manifestación, declaración, comunicado o publicación que aluda a la quejosa en su persona, su situación financiera, fiscal, empresarial, bancaria o cualquier tipo de aspiración política o personal que pudiera tener”.
Otro efecto es que no podrá difundir en redes sociales y otras plataformas los contenidos de las mañaneras de los días 3, 4, 5, 7 y 14 de julio de 2023, en los que se hizo alusión a la precandidata del PAN, PRI y PRD.
Esta resolución del Tribunal de Administración de Justicia permite entender por qué Morena y aliados ratificaron, con voto en contra del PAN y MC, perfiles provenientes del actual gobierno para magistrados de salas regionales.
Y aunque esa operación se ha replicado en varios espacios autónomos, el gobierno no consiguió todavía sofocar a quienes determinan cuándo un acto de interés público viola la Constitución.
Es por ello que el segundo caso de la semana se dio en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde los cinco magistrados de la Sala Superior avalaron la multa por 62 millones de pesos que el INE le impuso a Morena por no reportar 43 millones de pesos que los aspirantes de su proceso presidencial interno gastaron para promoverse.
“La sanción impuesta por el INE no fue ni arbitraria ni fortuita, es una consecuencia directa de las acciones y omisiones del partido (…) ya que el INE demostró, a través de un trabajo exhaustivo y profesional, que se vulneraron las reglas de fiscalización”, expuso el miércoles 31 de enero el magistrado Felipe de la Mata Pizaña.
“El INE detectó cerca de 25 millones de pesos gastados en espectaculares, bardas, carteleras, puentes, y paradas de autobuses relacionadas con el proceso partidista o sus aspirantes que nadie le reportó”, señaló el magistrado.
Sus cuatro colegas de la Sala Superior coincidieron con esa resolución, incluida la magistrada presidenta Mónica Soto.
La fiscalización a los gastos de los candidatos se basa en el artículo 41 de la Constitución y en esa tarea participan decenas de trabajadores del INE que integran su servicio profesional de carrera. Por eso resulta falaz la teoría de la conspiración que el dirigente de Morena compartió al quejarse de la multa confirmada.
“Las estructuras de Lorenzo Córdova siguen enquistadas en todo el aparato del INE, especialmente en las áreas de fiscalización, que llevan tiempo actuando de manera parcial. La nueva persecución política que se da en estos tiempos, siempre lo hemos dicho, la han disfrazado de fiscalización”, acusó Mario Delgado.
Este hecho ha dejado en claro a los morenistas que, más allá de la cercanía que algunos consejeros electorales puedan tener con el partido en el poder, si se aplica el marco legal que tenemos, no hay manera de escapar de sus sanciones.
La lección se repitió el miércoles 31 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando en la Segunda Sala se declaró inconstitucional la reforma de marzo de 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica que favorecía a la CFE sobre las empresas privadas.
Al resolver así el primero de cientos de amparos promovidos por el sector privado, la mayoría de los ministros de esa instancia, con el voto de calidad de Alberto Pérez Dayán, determinaron que siete artículos de la reforma morenista violan las reglas en materia de mercado eléctrico que la Constitución contiene desde 2013. Podrán el Presidente y su partido seguir desacatando todas las resoluciones. Y echarles la culpa a supuestos jueces conservadores, convertir a Lorenzo Córdova en Supermán, anunciar juicios políticos contra ministros…
Saben, sin embargo, que están neceando, que no se trata de los conservadores. ¡Es la Constitución que sigue vigente y a veces se cumple! Y también saben que hoy, en el Congreso, tampoco tienen los votos para cambiarla.