La titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, propuso la creación de la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, toda vez que la CNDH “ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano”.
Durante la presentación de su informe de actividades 2023, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Piedra Ibarra, sostuvo “la firme idea de transformar de raíz” a la CNDH.
“Estamos convencidos de que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una nueva institución, más aún de que es indispensable reformar el sistema jurisdiccional mexicano para cumplir cabalmente con el artículo 1º de la Constitución.
“Los mexicanos demandan un nuevo organismo más dinámico, más comprometido y más proactivo, así que hemos tratado de ir más allá de nuestras posibilidades ejerciendo también acciones de prevención, gestión y, en su caso, de acompañamiento a las víctimas en sus demandas ante las autoridades, lo que ha implicado una permanente comunicación interinstitucional”, argumentó ante las diversas fuerzas políticas de San Lázaro.
Piedra Ibarra agregó que llega a su quinto año de gestión con un modelo distinto de defensa de derechos humanos, así como con el marco operativo y normativo mínimo necesario para hacer de la CNDH, “órgano heredado por el neoliberalismo, la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.
“Somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación por iniciativa propia para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano”, abundó.
En este sentido, afirmó, mientras otros órganos autónomos han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, la Comisión Nacional redujo su presupuesto y combatió la corrupción, además de eliminar el outsourcing y ha dedicado la mayor parte de su presupuesto para atender a las personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos, muestra de ello es que mientras en 2019 se destinaba a tareas de protección 54% del presupuesto, en 2023 esta cifra alcanzó el 69%.
Aclaró que continúan desahogando las recomendaciones que quedaron pendientes de cumplimiento, pues tan solo al inicio de la actual presidencia de la Comisión se recibieron 508 recomendaciones sin cumplimiento, siendo la más antigua la de la Guerra Sucia, emitida en 2001, mientras que en la del caso Ayotzinapa se está integrando un nuevo proyecto de recomendación.
Entre las acciones, destacó que se ha fortalecido la presencia nacional mediante la transformación de las 16 oficinas foráneas, que eran monotemáticas, en oficinas regionales, de manera que hoy hay representación prácticamente en todo el país, se reciben quejas de todo tipo y se emiten recomendaciones.
Subrayó que la única manera de hacer cumplir la ley es devolviéndole las instituciones al pueblo, pues en el caso de la CNDH desde su creación emite recomendaciones que no tienen carácter de obligatoriedad, lo que contradice lo que mandata el 1º constitucional, además que está estancada en acciones reactivas, cuando en realidad se requiere prevenir, asumir resoluciones con rapidez y eficacia e incidir en políticas públicas.
Precisó que durante 2023 se registraron 153 mil 261 documentos en el Sistema Integral de Quejas y 73 mil 66 solicitudes de atención, de las cuales 60 mil 342 fueron escritos de quejas. “Nuestra transformación ha puesto al centro a las víctimas, empieza con una mayor recepción de estos documentos y a partir de ahí se acelera su calificación con criterio de progresividad”.
Resaltó que 13 mil 1 expedientes fueron resueltos durante su tramitación, lo que dio solución a su problemática en favor de 37 mil 961 personas agraviadas o quejosas; representa el 62.90 por ciento de los expedientes concluidos.
Agregó que durante en 2023 se presentaron 29 solicitudes ante el Senado para llamar a comparecer a autoridades omisas en la aceptación de una recomendación y 371 denuncias, de las cuales 73 son del ámbito penal.
“Un problema que enfrentamos en la reparación integral, que es una constante, es la falta de las autoridades recomendadas para dar cumplimiento a la reparación económica, lo que evidencia la inoperancia del modelo que tenemos actualmente”, dijo.
En ese lapso también se solicitó a diversas autoridades 116 medidas precautorias o cautelares y 80 demandas de acción de inconstitucionalidad.
Mencionó que del total de las recomendaciones, siete fueron emitidas para personas periodistas y defensoras de derechos humanos, cuatro relacionadas a personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y 23 en materia de personas desaparecidas. En el tema migratorio, añadió que de las 845 visitas de supervisión se atendió a 24 mil 891 extranjeros y se emitió un total de 37 recomendaciones.