Por. Ivonne Melgar
En la historia política del año que concluye queda como nota distintiva el protagonismo de las mujeres en la vida pública y su arribo a escenarios a donde llegaron por primera vez. Y, aunque contamos con más gobernadoras, secretarias, alcaldesas y funcionarias en instituciones del Estado, los feminicidios y la impunidad que protege a sus ejecutores persisten, por mencionar el peor saldo de la violencia criminal.
Las legisladoras están al frente de las mesas directivas de las Cámaras y hay paridad de género en las curules y los escaños del Congreso. Pero esto no ha sido suficiente para restituir las políticas públicas que teníamos para aliviar la carga doméstica de las mujeres: estancias infantiles y escuelas de tiempo completo eliminadas al inicio de este sexenio.
Y es que la aplaudida democracia paritaria ha ocurrido en un sexenio en el que la construcción de acuerdos que, durante los últimos 30 años caracterizaron la relación entre Congreso y los gobiernos en turno, fue reemplazada por el avasallamiento de la agenda del Ejecutivo Federal.
Mientras en la primera parte de su gestión, Morena pudo hacer suyos a los diputados del Partido Verde —que en 2018 eran aliados del PRI— y sumar a varios del PRD, las elecciones intermedias de 2021 le permitieron a la oposición recuperar peso para vetar reformas constitucionales. Fue en esa circunstancia que el presidente López Obrador y su coalición parlamentaria —Morena, PVEM y PT— recurrieron a cambios disfrazados de modificaciones secundarias que, en realidad, trastocaban a la Constitución. La máxima expresión de ese intento y del desaseo legislativo se dio con el llamado plan B, que buscaba eliminar al INE.
Antes de la presentación de la controversia contra la inconstitucionalidad de esa reforma electoral por parte de toda la oposición, se dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el relevo de su presidencia. Concluida la gestión del ministro Arturo Zaldívar —a quien el gobierno quiso extenderle el mandato con otra reforma que también incurrió en la violación de la Constitución—, la Sala Superior eligió a la ministra Norma Piña, iniciando una nueva etapa en la relación con el Ejecutivo.
El hecho de que la mayoría de los votos recayera en uno de los perfiles más autónomos frente a las presiones de Palacio Nacional fue síntoma de que en ese cuerpo colegiado predominaba el ánimo de recobrar la independencia, en duda por la afinidad política del ministro que la presidía. La incorporación de Arturo Zaldívar a la campaña de la precandidata presidencial oficialista Claudia Sheinbaum confirmó que la Corte, en la persona de su entonces presidente, estaba cooptada por el gobierno.
El abandono en noviembre de su encargo, cuando aún le faltaban 14 meses para ejercerlo, subrayó la relevancia del relevo de Norma Piña, a quien, sin duda, podemos considerar el personaje del año, una vez que su conducción al frente del Poder Judicial la volvió blanco de los ataques más agresivos que, hasta ahora, tuvo el Ejecutivo federal en contra de un contrapeso al que considera estorboso.
La descalificación desde Palacio Nacional en contra de la ministra presidenta escaló al grado que su figura fue quemada en el Zócalo. La vendetta gubernamental escaló cuando la Sala Superior desechó el plan B argumentando que no se había respetado la deliberación democrática que los bienes legislativos requieren.
Y en señal de enfrentamiento, por instrucciones presidenciales el Congreso le quitó al Poder Judicial sus fondos y fideicomisos, al tiempo que se le impuso a la precandidata oficialista la destrucción de la actual Sala Superior de la Corte como causa prioritaria de su agenda electoral. Porque la idea de sustituir a los actuales ministros por otros 11 electos en las urnas es ya una obsesión presidencial que espera desahogar antes de concluir su sexenio, si Morena y sus aliados consiguen la mayoría calificada el próximo 2 de junio, es decir, que 66% de los futuros diputados y senadores sean de esa coalición.
Por lo pronto, la vacante que dejó Zaldívar será ocupada el próximo martes por la ministra Lenia Batres, designada por el Presidente y sin el aval del Senado, como emisaria del golpeteo oficialista. No pecamos de exageración si ante las muestras de proclividad gubernamental observadas en las presidencias del INE de Guadalupe Taddei y la que ahora tendrá Mónica Soto en el Tribunal Electoral, advertimos que la elección de Estado se encuentra en marcha y que, a diferencia de 2018, no contaremos en 2024 con árbitros y jueces imparciales en la contienda.
De manera que la primera competencia presidencial entre mujeres, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez —en espera que se dé a conocer al candidato de MC—, estaría empañada por la intromisión gubernamental. Frente a ese panorama que nos regresa a elecciones sin equidad ni certeza, como en el pasado del partido único, sólo nos queda la independencia que la Suprema Corte supo preservar hasta ahora.
De ahí la importancia del mensaje que el 14 de diciembre compartió la ministra presidenta en su primer informe: “Hoy, la situación que se nos presenta en el futuro inmediato no sólo pone a prueba al Poder Judicial, sino también a los propios cimientos de una sociedad basada en los equilibrios democráticos y en el respeto por la ley”.
Todos estamos a prueba.
Y, por lo pronto, contamos con la palabra de Norma Piña: “Personalmente, mi compromiso indeclinable ha sido, es y seguirá siendo, tanto la defensa de la Constitución, nuestro pacto social fundamental, como la independencia del Poder Judicial federal, el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad entre las mexicanas y los mexicanos”.