Ana Lilia Osorno Arroyo, jueza segunda de Distrito en Materia de Extinción de Dominio, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) devolver al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, una residencia que tiene en Lomas de Bezares, Ciudad de México, con valor de 38 millones de pesos.
La jueza determinó como improcedente el recurso legal con el que la FGR pretendía quedarse con dicho inmueble de Lozoya Austin, al considerar que lo hizo con un recurso legal que no estaba vigente cuando Lozoya supuestamente lo adquirió con dinero proveniente de sobornos.
“Debe declarase improcedente la acción de extinción de dominio ejercida respecto de los derechos que el demandado tiene sobre el bien inmueble. El hecho ilícito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, vinculado con el bien inmueble objeto del juicio, se consumó en el año 2012 esto es en una época en que dicho delito no estaba previsto de manera sustantiva en el artículo 22 constitucional como supuesto de procedencia para ejercer la acción de extinción de dominio”, explicó la juzgadora.
“Debe considerarse que lo sustantivo no puede aplicarse sobre una hipótesis de procedencia no prevista cuando se consumó la conducta que dio origen a la investigación por Recursos de Procedencia Ilícita”, agregó.
La FGR puede impugnar la decisión de la jueza Osorno Arroyo para que el caso sea revisado por un tribunal federal.