Por. Ivonne Melgar
Las encuestas no son sinónimo de democracia. Son un buen instrumento para medir popularidad e intención de voto.
Y si en una campaña se cuenta con una estrategia, la encuestadora de cabecera deberá, cual GPS, marcar dónde la candidatura puede crecer y alertar riesgos. Suponemos que eso ocurre en la intimidad de los cuartos de guerra.
Pero, públicamente, las encuestas están siendo utilizadas para fines que nada tienen que ver con la democracia electoral plasmada en la Constitución: por ejemplo, la coacción del voto mediante el uso clientelar de los programas sociales.
Y no es la oposición la que ha dado cuenta de esa desviación. Pero desde ya debe prepararse para afrontar ese abuso de poder.
El desaseo con el que se manejan los levantamientos demoscópicos en Morena fue documentado por Marcelo Ebrard: la Secretaría del Bienestar peinó, a través de los llamados servidores de la nación, las zonas donde se aplicaría la encuesta.
Según contó el excanciller, los enviados de la dependencia federal iban, con padrón en mano, a los domicilios de los beneficiarios de los apoyos que el gobierno les transfiere para comunicarles que “la respuesta era Claudia”.
Sabemos que Marcelo Ebrard se arregló con Sheinbaum, la candidata que le ganó en la encuesta interna de Morena, y que se dio por satisfecho con el reconocimiento oficial de Morena de que, al exponer su caso, presentó “pruebas de algunas prácticas indebidas cometidas por militantes contrarias a nuestros principios”.
Lo denunciado por el exjefe de Gobierno es gravísimo y contrario al Artículo 134 constitucional, que plantea que los servidores públicos “tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”. Es lamentable que la candidatura del partido gobernante se haya construido sobre esa operación.
Y hay más en el Artículo 134: “La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”. Tan sólo por ese artículo ningún pronunciamiento presidencial sobre el tema podría justificarse bajo la libertad de expresión.
Son varios los preceptos que se violentan cuando la propaganda electoral es disfrazada de la difusión informativa de encuestas morenistas y los medios de comunicación favorecen esa competencia desleal. Es cosa de revisar los Artículos 35, 39, 40 y 41.
Ahí están los principios rectores de nuestra democracia electoral estableciendo que en ésta debe haber legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, autonomía, independencia y equidad. Y desde 2019 quedó claro otro principio: la paridad. Sí, asumiendo las condiciones de desigualdad histórica que las mujeres afrontan con respecto a los hombres en el acceso al poder.
Porque nuestra democracia constitucional también es paritaria. Y esto lo subrayo para quienes, desde la ignorancia o la mala voluntad, caricaturizan ese principio hablando de “caridad de género”.
Artículo 35: “Son derechos de la ciudadanía poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular”.
Artículo 41: “Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. En la postulación de sus candidaturas, se observará el principio de paridad de género”.
¿Que las mujeres son menos competitivas? Eso está por verse en 2024. Roy Campos ha preguntado si México está preparado para que lo gobierne una mujer: 57.9 por ciento responde afirmativamente; 32. 7 que no y 9.4 por ciento no sabe o no respondió.
¿Qué las candidatas han ganado menos votos que los hombres? Sí, en medio de la violencia política, enviadas a distritos perdedores, sin recursos, desde cúpulas partidistas que siempre están buscando cómo desviar esos fondos.
Un estudio de Buró Parlamentario de los doctores Sergio A. Bárcena y Adriana Báez en Puebla muestra, entre una prolífica radiografía de la desigualdad política de género, que las mujeres que han competido por una presidencia municipal durante los últimos 21 años lo hicieron en municipios donde sus partidos obtuvieron 10 puntos porcentuales menos de votos que los hombres compitiendo en las mismas condiciones. ¿Extraña eso en un país donde la brecha salarial es del 23 por ciento adversa a la población femenina? ¿Se llaman a sorpresa en una sociedad en la que los cuidados se sostienen en un 75 por ciento por las mujeres? ¿En el México que registró 968 casos de feminicidio en 2022?
Frente a una desigualdad estructural, las encuestas no pueden ni deben ser el mecanismo para garantizar la democracia paritaria y menos si los aspirantes son promovidos como actores de telenovela mediante millonarias campañas que frivolizan la competencia por la representación popular. Pretextos para utilizar, batear y descalificar a las mujeres siempre hay.
Anoche, la senadora Indira Kempis informó en su cuenta de X: “Movimiento Ciudadano me niega precandidatura presidencial por ‘calumniarlo’. Además de violar mi derecho a la libertad de expresión, esto debe ser sancionado por comisión de disciplina interna”. Más allá de si Clara Brugada era la candidata de Palacio y Omar García Harfuch, de Sheinbaum, la perversión original radica en los partidos, incapaces de procesar democrática y políticamente a sus perfiles, y de romper el código patriarcal en su conducción.