Por. Saraí Aguilar
Las mujeres no sólo son vulnerables por las fotos íntimas reales que comparten, sino por las falsas que puedan generarles mediante inteligencia artificial.
Esto es lo que demostró la detención de Diego, un estudiante, ya expulsado del Instituto Politécnico Nacional, quien alteró miles de fotos de alumnas y las vendió como contenido íntimo.
Además, la Policía Cibernética de la Policía de Investigación (PDI) revisará las imágenes que se encuentren en dispositivos móviles del presunto responsable, quien habría difundido imágenes alteradas de hasta mil mujeres diferentes.
Las diferentes declaraciones concuerdan en que fue en la tablet del acusado donde se encontraron más de 20 mil fotos (algunas versiones dicen que 50 mil, las denunciantes que 160 mil) alteradas sin el consentimiento de las víctimas, las cuales eran difundidas y vendidas a través de grupos privados en Telegram donde se ofertaba el contenido a otros estudiantes.
Entre declaraciones cruzadas donde el Politécnico aseguraba haber apoyado a las alumnas, y las estudiantes alegaban revictimización de la institución y de la fiscalía por haber dejado al acusado llevar el proceso en libertad, la pregunta es si la polícia cibernética en el país está capacitada con un marco legal adecuado para enfrentar esta clase de delitos que serán más frecuentes y comunes cada día.
Una realidad es que es un ranking con los países que mayor tasa de cibercriminalidad tienen en el mundo, el único latinoamericano incluido es México. La segunda economía de la región. México ocupa el noveno puesto en el estudio realizado por la firma de seguridad informática Surfshark, con sede en Países Bajos. Un total de mil 100 usuarios mexicanos de internet reportaron haber sido víctimas de un fraude en línea, aunque la cifra pudiera ser mucho mayor, ya que muchos ciudadanos no reportan los crímenes.
Pero la no denuncia no es el único problema. Aunque se denuncie, en México aún no existe una Ley de Ciberseguridad que englobe un reglamento sobre las medidas penales y administrativas que se deben imponer a ciberdelincuentes. Aunque ya existen antecedentes, aún está en veremos la Ley de Ciberseguridad en el país. Y es que el territorio mexicano es uno de los países de América Latina que, según el Reporte de Ciberseguridad 2020 del BID, no cuenta con un marco legal sobre delitos informáticos.
Bajo este sentido, apenas en abril de este 2023 se presentó la iniciativa de Ley Federal de Ciberseguridad, misma que tiene como objetivo “el aumentar la seguridad cibernética bajo un esquema de corresponsabilidad, prevención, combate y persecución de los delitos cibernéticos o ciberdelitos, a su vez la protección de datos personales y el respeto a los derechos humanos”.
Pero estas iniciativas van más dirigidas al phishing y robo de datos, y no a la regulación de la inteligencia artificial.
Al parecer, el poder federal está más concentrado en promover corcholatas que en defender la integridad de aquellas a quienes pretenden los voten en 2024. Esperemos que las urnas tengan memoria.