Por. Ivonne Melgar
México tendrá el próximo año la lupa mediática internacional sobre sus urnas electorales ante la singularidad de que, en la boleta presidencial, estarán al menos dos candidatas.
La postulación de Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum por sus respectivas coaliciones es un indicador de que aquí avanzamos jurídica y culturalmente en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
Y, sin embargo, esta semana de conmemoración del 70 aniversario del reconocimiento del voto femenino, deja un saldo paradójico obligándonos a prender las alarmas ante los riesgos de retroceso y la simulación.
Me atrevería a utilizar el término de parajodas para calificar lo sucedido en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Como reportera de la cotidianidad legislativa no tengo la más mínima duda de que, en la polarizada arena partidista mexicana, una causa sigue uniendo sin decoro alguno a los hombres de nuestra clase política: la resistencia a la paridad en el acceso a los cargos de elección popular y a la igualdad sustantiva –de hecho, de fondo– en el ejercicio del poder.
No hay partido ni dirigencia que pueda ser ejemplo de acreditada excepción.
Y la prueba más evidente es que en un sexenio en el que los consensos y los acuerdo escasean, la mayoría de los coordinadores de las bancadas parlamentarias en San Lázaro habían pactado –en el primer cuatrimestre del año– una reforma para echar atrás las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le permiten hacer cumplir la paridad en las candidaturas, así como otras acciones afirmativas.
Desde entonces quedó claro que a las cúpulas partidistas les molesta, enoja, incomoda y estorba la vigilancia del INE y del TEPJF en el cumplimiento de un principio establecido en la Constitución desde 2014 y en decenas de leyes desde 2019 bajo la perspectiva de que la paridad debe cumplirse en todos los ámbitos de la administración federal.
La presión de las colectivas de mujeres y de legisladores de diversos partidos logró frenar ese retroceso.
Ese dictamen legislativo diseñado en lo oscurito entre los coordinadores de los diputados confirmó la resistencia que ya habíamos atestiguado entre los líderes de las bancadas del Senado en 2020, cuando la consejera Carla Humphrey Jordan, al frente entonces de la Comisión de Igualdad de Género en el INE, logró construir con la mayoría de sus compañeros un acuerdo para aplicar por primera vez el criterio de paridad en las candidaturas a gobiernos estatales.
Por eso logramos pasar de dos a 10 gobernadoras en menos de dos años. Así que lo sucedido el jueves en el Consejo General del Instituto no es más que otra piedra de aquellos lodos del patriarcado que se niega a compartir el poder.
La novedad grave ahora es que la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y la encargada del Secretariado Ejecutivo, María Elena Cornejo Espara, se prestaron a lo que muy bien la consejera Dania Ravel tildó como “una chicanada”.
Nos referimos a la supuesta confusión de este 19 de octubre, cuando los votos fueron insuficientes para ordenar a los partidos que postulen cinco mujeres y cuatro hombres en la renovación de las nueve gubernaturas que se disputarán el próximo año.
Si observamos la escena en la que los consejeros presuntamente se hacen bolas ante la pésima conducción de Cornejo Esparza, es clara la deliberada intención de los consejeros Norma de la Cruz y Uuc-Kib Espadas de dar por muerto el acuerdo.
¿Ensayaron? ¿Alguien les pidió boicotear el acuerdo? ¿A qué partido se le descuadran sus cálculos si en vez de cuatro mujeres son cinco las que deben postular? Seguramente a todos.
A pesar de que se había dicho que entre los 11 consejeros se tenían los votos suficientes para aprobar el proyecto en lo general, y discutir en lo particular algunos aspectos, de manera burda se le dio por enterrado cuando seis de ellos no levantaron la mano para avalarlo.
Se supone que la sesión se repondrá el próximo martes en el INE y que habrá de retomarse el compromiso.
Más allá de las nuevas tretas que puedan diseñarse, resulta parajódico que habiendo dos prospectos presidenciales mujeres, en sus partidos sigan pataleando ante la obligada paridad.
¿Serán Claudia y Xóchitl aliadas en la defensa de este principio? ¿Cuentan con el poder sustantivo para fijar las reglas para definir a sus futuros acompañantes en las elecciones estatales?
¿Podrá la abanderada del Frente Amplio por México defender el carácter ciudadano de su candidatura y la oferta de un gobierno de coalición por encima del reparto de cuotas de los dirigentes del PAN, PRI y PRD? ¿Y de consolidar ese liderazgo, será promotora de la paridad en los hechos?
¿En su calidad de coordinador de facto de la campaña de Sheinbaum, dejará el presidente López Obrador que la candidata determine con quiénes buscará relevarlo?
Por lo pronto, la exjefa de Gobierno protagoniza una parajoda: al ejercer su liderazgo en la CDMX, ha inclinado deliberadamente la balanza en favor de Omar García Harfuch, su exsecretario de Seguridad, un perfil ajeno a las bases de su partido, en detrimento de una política con arraigo morenista, Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa y feminista.